Napoleón Gómez Urrutia

En el primer párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, se establece claramente lo siguiente:

“La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre en 2013, significó un cambio normativo de carácter regresivo. Estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despido, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Así se instrumentó el menoscabo de los derechos históricos de la nación sobre el patrimonio energético, el desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral –resultado de décadas de enormes esfuerzos ciudadanos gubernamentales– concluyendo con el debilitamiento del sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional”.

El objetivo y el fondo de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es evitar y cancelar los abusos, los contratos de acaparamiento de un servicio básico para beneficio personal y no de la nación. Es decir, eliminar los privilegios de unos cuantos para manejar un recurso estratégico como la energía eléctrica para beneficiarse enormemente, a costa de los que menos tienen, a costa del pueblo de México.

El gobierno con esta propuesta establece claramente la seguridad energética como condición necesaria para lograr la seguridad nacional. Se trata de consolidar un sistema para comprometer que se asegure al pueblo un abastecimiento seguro y confiable de energía eléctrica a los precios más bajos posibles. En este esquema las redes de transmisión y distribución permanecen como propiedad del Estado bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad.

En la iniciativa se calculan y definen los permisos y contratos del sector privado para la generación de energía eléctrica y la compraventa de electricidad, lo cual no es una forma de nacionalizar ni estatizar, sino de fortalecer a la CFE. Ésta mantendrá 54 por ciento del mercado nacional y las empresas privadas 46 por ciento. La propuesta en el fondo significa que se va a promover una auténtica competencia que no existía, porque los empresarios y políticos cómplices se esforzaban por destruir y marginar la generación eléctrica del Estado mexicano y dejaron de dar mantenimiento a las plantas para crear un declive en la participación estatal de electricidad, declarar que el gobierno era ineficiente y que, por tanto, había que privatizar a la Comisión Federal de Electricidad. Todo ello con una política criminal deliberada, para adquirir las instalaciones y el control de este sector básico a precios reducidos.

La nueva estrategia le otorga toda la personalidad jurídica a la CFE, desaparecen las empresas filiales o subsidiarias que tenía este organismo público. Al mismo tiempo se eliminan los contratos de autoabastecimiento con los cuales se beneficiaban, entre otros, las grandes cadenas comerciales y las tiendas de autoservicio que ahora tendrán que comprar la energía a CFE.

La iniciativa ordena la desaparición de aquellas entidades que se crearon con la anterior reforma energética y que se utilizaban para controlar las funciones operativas y los programas de generación de energía eléctrica de la propia CFE, todo para favorecer a los productores privados. En este caso están la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por su parte, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasará a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La mal llamada reforma energética del 20 de diciembre de 2013 le había quitado esa facultad y ahora la CFE será nuevamente la encargada de administrar la red de transmisión eléctrica.

En forma paralela a esta iniciativa, se decidió nacionalizar la explotación de todas las reservas del mineral de litio, el oro blanco como se le ha llamado, la cual sólo se realizará a través de las empresas del Estado que se crearán y sólo se mantendrán las ocho concesiones ya otorgadas, si se demuestra que los beneficiarios ya iniciaron las tareas de exploración y la preparación de las minas para iniciar operaciones. Es decir, el litio y los demás minerales considerados estratégicos para la transición energética quedan bajo control del Estado y no se otorgarán nuevas concesiones.

El precio internacional de la tonelada de litio en el último año prácticamente se ha duplicado y la tendencia es que continuará en ascenso, como consecuencia de la mayor demanda debido al crecimiento de la producción cada vez más elevada de los vehículos eléctricos, los aparatos celulares y de comunicación modernos. Solamente la venta de autos que no utilizan gasolina se incrementará en este 2021 a 4.6 millones vendidos en todo el mundo, lo cual está muy por encima de los 3.2 millones de 2020. México tiene en Sonora uno de los yacimientos más grandes a escala global bajo una concesión otorgada a una empresa inglesa, Bacanora Lithium, con una reserva estimada en 243.8 millones de toneladas y en proceso de ser adquirida por una empresa china de nombre Ganfeng Lithium, que es una de las más grandes del mundo productora de este mineral.

Esta trascendente iniciativa para nacionalizar el litio es histórica y beneficiará a México con más de 100 mil millones de dólares, lo cual nos lleva a considerar la necesidad de una revisión integral de toda la ley minera que ha permitido la flexibilidad y la entrega de nuestros recursos naturales no renovables por parte de los gobiernos de los últimos 40 años en favor del sector privado nacional y extranjero. Por algo los tres empresarios más ricos y más evasores de impuestos de México son mineros.