El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la discusión de su iniciativa de reforma a la industria eléctrica en el Congreso constituye un momento definitorio; una oportunidad histórica para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defina si continúa con el salinismo o retoma el camino de los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes encabezaron la independencia energética. El mandatario ponderó que votar a favor de la propuesta enviada el jueves pasado es hacerlo por el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras rechazarla supondría seguir apoyando la privatización.

Lo cierto es que el envío de la iniciativa presidencial en materia de electricidad pone al PRI como fiel de la balanza en el pulso legislativo que el partido gobernante y sus aliados mantienen con la derecha neoliberal encabezada por el PAN. Que la suerte de la soberanía energética recaiga en el priísmo es inquietante toda vez que, pese a su nombre, el Revolucionario Institucional es una estructura de principios e ideología transmutables, creada y sostenida como instrumento de control político de la Presidencia. La estrepitosa derrota electoral de 2018, su reducción al papel de lejana tercera fuerza política, la pérdida de rumbo tras perder el control del gobierno federal y una inercia opositora huérfana de programa llevaron al priísmo a aliarse con el PAN, en un cálculo fallido que le hizo perder cada una de las gubernaturas que ocupaba y no le dio los réditos esperados en términos de crecimiento de su bancada en la Cámara baja.

Es en estas condiciones que sus legisladores se enfrentan al dilema entre sumarse a una iniciativa legal que busca recuperar la soberanía energética, el desarrollo del país y el sentido de la CFE como una institución promotora del bienestar, o mantenerse en el bloque de quienes quieren preservar el modelo energético entreguista, elitista y corrupto inaugurado por Carlos Salinas de Gortari y consumado en el sexenio de Enrique Peña Nieto por los partidos integrantes del Pacto por México. Es la disyuntiva entre un priísmo (el que va de 1934 a 1982) paradójico, que conjugó un injustificable autoritarismo con la implementación de políticas que propiciaron el mayor desarrollo económico de la historia mexicana, y el priísmo neoliberal que arranca el 1988, el cual abrió el país al saqueo sin dejar atrás sus lógicas antidemocráticas.

En la oposición, disminuido, marcado por un castigo histórico de los votantes, el PRI deberá definirse entre dos proyectos de país: por un lado, el de la Cuarta Transformación, que tiene concomitancias importantes con el desarrollo estabilizador y el nacionalismo revolucionario de la primera época priísta; por otro, el modelo impuesto por los intereses financieros y corporativos durante las presidencias neoliberales (1988-2018), tres de las cuales emanaron de las filas del partido tricolor.

Pero de mayor trascendencia que el futuro del otrora partido hegemónico es la posibilidad de que el país decida su política y su transición energética de manera soberana, o quede condenado a seguir siendo tierra de conquista y pillaje para las corporaciones trasnacionales. Cabe esperar que los representantes del Revolucionario Institucional decidan en función de los intereses nacionales y no de lo que primó en la aprobación de la reforma energética peñista, que fue, como hoy se sabe, el reparto de dinero para muchos de los legisladores encargados de votarla.