Iván Restrepo

Mientras por la inundación del inmueble y el corte del servicio de energía eléctrica morían en Tula, Hidalgo, por falta de oxígeno 16 pacientes con Covid-19 en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cuando 39 mil habitantes de ese municipio abandonaban precipitadamente sus hogares y negocios para evitar que la fuerza del agua les quitara la vida, las autoridades del estado de Hidalgo y las federales ofrecían un lamentable espectáculo: librarse de cualquier responsabilidad en la tragedia ocurrida el 6 y 7 de septiembre pasados.

Pero sí hay culpables. Los directivos del IMSS acusaron al gobierno de esa entidad de no haberles advertido oportunamente de que habría intensas lluvias. En descargo, Omar Fayad, mandatario estatal, culpó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ésta, a su vez, sostuvo que sí lo hizo. Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, aseguró que sí alertaron sobre el riesgo de inundación, pero aclaró que fue imposible auxiliar a los internados en el citado hospital debido a que sus directivos no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo.

Después de esta tragedia, que dejó además 70 mil damnificados, el gobierno estatal pidió a los pobladores del Valle del Mezquital salir de la zona ante posibles inundaciones. El motivo: la presa reguladora Danxhó, en Jilotepec, estado de México, y Endhó, en el de Hidalgo, estaban a punto de rebasar su capacidad de almacenamiento. La Endhó regula las aguas negras provenientes de la zona metropolitana de la Ciudad de México y se encuentra severamente contaminada. Por fortuna, la inundación no ocurrió.

Como muchas otras tragedias que suelen atribuirse a la naturaleza, no son del todo culpa de ella. A que sucedan contribuyen destacadamente las actividades humanas, la carencia de medidas para conservar en buen estado las cuencas hidrográficas y las presas que reciben sus aguas, y la falta de una verdadera política de ordenamiento territorial urbano y rural.

En 1997 la comunidad de naciones firmó el Protocolo de Kyoto para reducir la generación de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Como bien se sabe, éste origina aumento de calor y/o bajas temperaturas; sequías, mayor frecuencia e intensidad de los huracanes y las lluvias, al igual que inundaciones incontrolables por los sistemas de drenaje. México se comprometió desde entonces a tener una política a fin de remplazar los hidrocarburos y otras fuentes que generan dichos gases. Refrendó después otros compromisos sobre el tema y los signados en la Cumbre de París, celebrada en diciembre de 2015. Pero no los ha cumplido y seguimos dependiendo en grado sumo del petróleo y el carbón.

Por otro lado, las cuencas hidrográficas han perdido su capacidad de conducción de agua y las presas de almacenarla. Están azolvadas por los sedimentos procedentes de la erosión fruto de la deforestación, la basura de los centros urbanos, la industria y la agricultura. Por eso, el agua se sale de sus cauces naturales e inunda y destruye lo que encuentra a su paso. Y como complemento, se carece de una política que evite los asentamientos humanos en sitios por donde desfoga el agua de lluvia, o en zonas críticas y vulnerables. Agrego la obra pública y privada mal hecha o en lugares inadecuados. El resultado de tanta desidia: miles de damnificados cada año que después debe atender el gobierno para resarcirles parte de las pérdidas que sufren en sus hogares, negocios o siembras.

Sumemos la irresponsabilidad de los encargados de prevenir los desastres naturales. En el reciente en Hidalgo, un atlas de riesgo elaborado hace lustros por varias dependencias oficiales destacaba que el río Tula podría desbordarse al recibir cada vez más agua de sus afluentes ubicados en la cuenca de México, además de las negras y la de las lluvias de la capital del país y el estado de México. Un atlas de adorno.

El gobierno federal presumía ante la comunidad internacional de tener un sistema muy moderno de protección civil. Los efectos del cambio climático y, sobre todo, la mala gestión de las instancias oficiales, lo derrumbaron. Y así cada año especialmente la población más vulnerable social y económicamente sufre las consecuencias. A la tragedia de Tula, y a las ocurridas en otras partes del país, se agregarán muchas más. Y sin culpables.