Blanca Nayeli Aguilar Villalba*

Hace año y medio el mundo era diferente. Hoy que miramos atrás, reflexionamos sobre la contundente lección que nos deja la pandemia de la Covid-19: todos, sin excepción, somos vulnerables ante las enfermedades y sólo el esfuerzo colectivo puede ayudarnos a salir adelante.

Esta reflexión sobre la importancia de trabajar unidos para enfrentar la pandemia es más relevante hoy, cuando los planes de vacunación avanzan en diversos países. Es necesario, como lo establece el derecho internacional, que su distribución sea equitativa entre todas las personas, incluidas aquellas que por situaciones de vulnerabilidad o violencia pudieran quedar excluidas: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. No importa el género, la situación migratoria o si alguien está privado de libertad, el mundo seguirá en riesgo si los programas de inmunización no llegan de forma equitativa a todos.

Datos del proyecto Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) de la Universidad de Oxford y del Inform Severity Index (Índice de Gravedad) muestran que, hasta mayo, la población de los 50 países de mayores ingresos estaba siendo vacunada a una tasa 27 veces mayor que la de las 50 naciones de menores ingresos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que los estados deben dar máxima prioridad al suministro de vacunas contra el Covid-19 a todas las personas y tienen la obligación de tomar las medidas y destinar los recursos necesarios para que todos tengamos acceso a la vacuna, sin ninguna discriminación.

Para que ese derecho se garantice es necesario tomar en cuenta las necesidades y barreras que enfrentan los grupos de mayor riesgo de ser excluidos. Por ejemplo, las personas migrantes y privadas de libertad están en una situación de particular vulnerabilidad frente al Covid-19.

Las personas que migran tienen acceso limitado a servicios esenciales como albergue, atención médica, al agua o a equipos de protección personal, aumentando así su riesgo de contagio. Por otro lado, quienes se encuentran en lugares de detención, incluida la población en estaciones migratorias y estancias provisionales, muchas veces habitan en condiciones de hacinamiento, lo que impide aplicar medidas de higiene y de distanciamiento para mitigar la propagación del coronavirus.

En prácticamente todos los países existen políticas nacionales de vacunación para contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, en algunos países aún persisten barreras para la inclusión de estos grupos en los protocolos de implementación de las campañas. Por ejemplo, la política de vacunación en México no hace explícita la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes y privadas de libertad.

De igual forma, las barreras de acceso para las personas migrantes se vinculan a falta de acceso a la información o a la tecnología y la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos. Por ejemplo, no todas las personas en situación de movilidad tienen identificaciones como la clave única de registro de población o comprobante de domicilio al que únicamente pueden acceder los ciudadanos o residentes.

En relación con la población privada de libertad, ésta debe ser incluida en las fases de priorización, identificando factores de riesgos como la edad y enfermedades crónicas. Si no es así, es muy probable que no tengan acceso oportuno a las vacunas.

Para alcanzar el objetivo de la vacunación universal, esa que nos pondrá a salvo a todos, es crucial la coordinación entre autoridades locales, nacionales y regionales que contribuya al debido seguimiento a través de registros de inmunización interconectados, que incluyen el intercambio de datos sobre la vacunación entre sistemas de salud. Esto debería implementarse sin perjuicio de la confidencialidad médica y el principio de no discriminación. La vacunación no debería ser un privilegio, sino una medida necesaria para proteger la salud de la población en general y, en particular, de los grupos más vulnerables.