Alfredo Serrano Mancilla.

La vida política boliviana sigue a su ritmo vertiginoso. En poco más de una semana sucedieron dos hechos significativos que no pueden pasar inadvertidos. Primero fue el turno de las elecciones subnacionales y seguidamente tuvo lugar la aprehensión preventiva de la ex presidenta Jeanine Áñez, acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

¿Cómo afectan ambos hechos al nuevo tablero político boliviano?

Comencemos por una obviedad: una cita electoral subnacional no es lo mismo que una nacional. En Bolivia eso ha sido así en las últimas décadas. Si echamos la vista atrás, observamos que el MAS siempre obtuvo una votación subnacional de entre 15 y 30 puntos debajo de lo logrado a escala presidencial. En esta ocasión ocurre algo parecido. Luis Arce obtuvo 55 puntos en elecciones generales del año pasado, y ahora el MAS logra 42.5 por ciento de los votos a escala gobernación (gana en tres de los nueve departamentos en primera vuelta y concurre a cuatro en segunda); mientras, a escala municipal, se ganó en 241 de un total de 337 o, visto de otro modo, alcanzó 33.3 por ciento de los votos. La única variable en la que sí hubo retroceso fue en cuanto a capitales más El Alto; obtuvo sólo 24.3 por ciento de votos (sólo se ganó Oruro).

Otra obviedad: el MAS aún es la principal fuerza electoral y política del país, con presencia en todo el territorio boliviano. No hay otro partido que tenga esa capacidad. Existe oposición, sí, pero muy atomizada geográficamente; hay liderazgos locales, sí, pero no a escala país.

Otra característica de la nueva oposición es que se bolsonarizó. La nueva derecha boliviana se escoró hacia el extremo, situándose en muchas ocasiones por afuera de los bordes de la democracia. Camacho, ahora gobernador electo de Santa Cruz, o Iván Arias, ex ministro de Áñez y ahora alcalde de La Paz, son buenos ejemplos de ese nuevo trumpismo latinoamericano que canta fraude cuando pierde, que reniega de la democracia cuando no le conviene y que tiene como centralidad el odio, el odio a lo popular, a lo indígena, a todo avance que implique una ampliación de derechos y libertades, y un freno a sus privilegios.

Pero no toda la nueva oposición es así. Una novedad resultante de esta cita electoral subnacional es que una escisión del MAS, la agrupación Jallalla Bolivia, emerge con fuerza. El caso de Eva Copa, ex presidenta del Senado, es el más notable: ganó la ciudad de El Alto, con una votación altísima. Es la primera vez que una opción que nace del MAS y decide ir por fuera tiene un resultado tan exitoso en una plaza electoral importante. Se trata de un hecho a considerar, nada desdeñable, porque podría tener consecuencias notables en la política boliviana en los próximos años.

Pero esta cita electoral, la subnacional, por muy importante que sea, que lo es, no tiene capacidad por sí sola para explicar el tablero político boliviano. El gobierno de Arce es indudablemente el que concentra la mayor parte de las expectativas de la ciudadanía. El bienestar cotidiano depende de la gestión del presidente en lo económico, en lo social. Tener un bono para salir de la pobreza, encontrar un trabajo, mejorar el ingreso, tener la vacuna, tener acceso a la educación pública y gratuita. Esas son todas las razones que hacen que la centralidad política siga estando el ámbito de la toma de decisiones del presidente.

Hasta ahora, Arce no ha decepcionado en cuanto a su gestión. En apenas cuatro meses, le ha dado tiempo para activar el Bono contra el hambre; ha creado un nuevo régimen de reintegro del IVA para familias de ingresos bajos; ha aumentado el ingreso de los jubilados; ha reducido los precios de los alimentos; ha implementado el impuesto a las grandes fortunas; ha ordenado la capitalización de 100 por ciento de los beneficios de 2020 de la banca; ha ayudado a refinanciar créditos; ha venido reactivando el sector agrario e industrial; ha devuelto el crédito malhabido de Áñez con el FMI y, por último, ha conseguido cientos de miles de dosis de vacunas para una población que había sido abandonada a su suerte.

A partir de aquí, el principal desafío del gobierno de Arce es doble: continuar con las políticas económicas, sociales y sanitarias que traigan resultados satisfactorios e inminentes a las familias bolivianas y procurar el encaje institucional y democrático de los nuevos representantes electos que pregonan posturas manifiestamente antidemocráticas. Es en este sentido que los procesos abiertos por la justicia contra la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y parte de su gabinete adquieren una importancia fundamental para la senda de la consolidación democrática en el país. En el nuevo tablero político boliviano no puede haber lugar para la desestabilización, la violencia, el racismo y la ruptura de la democracia.