Bernardo Bátiz V.

El Presidente, en ejercicio de sus funciones y cumplimiento de su deber, presentó ante el Poder Legislativo una iniciativa preferente para dejar claro que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá dentro de sus funciones las de producir y distribuir energía eléctrica. No tardó la oposición, disminuida y débil pero ruidosa, en lanzarse a través de todos sus voceros, bien coordinados, con críticas de todo tipo; contra la propuesta, dijeron que se trata de crear un monopolio, que vendrán numerosos amparos y que se pone a las compañías privadas productoras de energía al borde de la quiebra.

No fueron lejos por la respuesta. En una de las mañaneras, apenas recuperada su salud, el Presidente aclaró que se trata de frenar un gran abuso que se comete mediante contratos leoninos que transmiten ganancias enormes a las compañías privadas (creo que todas extranjeras), que obtuvieron esas ventajas en perjuicio de la CFE, gracias a la complicidad o a la lenidad de los gobernantes con los que firmaron esos ventajosos pactos; pareciera que en la celebración de ellos, el gobierno de México actuó con ingenuidad o no contó entonces con buenos asesores jurídicos y financieros, que lo pudieron engañar como a un niño ingenuo. Ya con el debate desatado, el Presidente aclaró: no aceptaré la privatización del sector.

Esta decisión no es de ayer, se tomó desde que el turbio Pacto por México incluyó los energéticos en la batería de reformas estructurales aprobadas, a como diera lugar, incluida la compra de votos de legisladores, con dinero o con promesas. Entonces diputados y senadores de varios partidos políticos pusieron su afán de enriquecimiento personal por encima del bien común, noble concepto que tanto pregonan.

Con esta referencia se fijó la litis del debate; quedó como algo más importante a dilucidar, más allá de las ventajosas ganancias económicas para compañías privadas y lo ruinoso para la CFE y, por tanto, para México, por encima de abusos y carencia de escrúpulos, el punto más delicado, que es el de considerar o no los energéticos como áreas estratégicas de la economía reservadas al Estado. El petróleo es nuestro, la electricidad es nuestra o bien es de quien se presente y se adueñe por cualquier medio de esas riquezas.

Entre las dañinas reformas estratégicas del malhadado Pacto por México, la más riesgosa para nuestra patria, la que pone en mayor peligro a la economía nacional, es la que tocó las áreas estratégicas de la economía. Recordemos: nuestra Constitución tiene un capítulo económico y en él se encuentra el artículo 25, que distingue áreas prioritarias, por las cuales el Estado tiene la rectoría, pero no la propiedad, las vigila con mayor acuciosidad, como el caso de la banca, de la minería y otras; hay también áreas libres entre las que están la mayor parte de los negocios comerciales e industriales en general; pero también el precepto define que hay otras áreas, denominadas estratégicas, en las que el gobierno federal tiene no sólo la rectoría, sino la propiedad y el control.

Entonces, cuando se aprobaron hubo una respuesta enérgica. El actual Presidente, líder de la oposición, con parte importante del pueblo informado, salieron a las calles a defender a México del atropello; ahí estuvieron jóvenes y viejos, de todas las clases sociales, las inolvidables Adelitas; medio México; se cercó el Senado, se abrieron debates y se escribieron artículos; el pueblo demostró interés y venció apatías.

Recordé entonces en un discurso y en escritos, que el término estratégico pertenece al lenguaje militar y que quien abandona un punto estratégico en una batalla o en una guerra, no sólo comete un error, sino traición. Se discutió mucho qué hacer y una de las decisiones fue denunciar a quien propuso la reforma, esto es al Presidente de la República y a quienes las aprobaron. El 5 de febrero de 2014, día de la Constitución, tras un mitin concurrido en el Paseo de la Reforma ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, se presentó una denuncia penal por traición a la patria.

Se fundó esta acción legal en un hecho indiscutible; con la reforma energética se modificó el régimen jurídico de las áreas energéticas hasta entonces sujetas al derecho público nacional y sometidas, después de las reformas, al derecho privado, nacional e internacional, con el evidente riesgo de la soberanía del Estado mexicano.

Parte de la discusión toca la inequidad de las ganancias y a lo disparejo de las prestaciones, pero el punto fino es que la maniobra puso en riesgo un área estratégica de la economía. En un mundo globalizado, en el que la libre competencia no tiene reglas éticas, en el cual el poderoso atropella y abusa del pequeño o débil, ceder áreas estratégicas de la economía es traición, que según el artículo 123 del Código Penal Federal se castiga con prisión de cinco a 40 años.