Abraham Nuncio

Países subdesarrollados son aquellos que tienen mayor o menor arborización, pero no una política de preservación, mantenimiento y rehabilitación de sus zonas arbóreas.

En varias zonas de México se registra la ausencia de esa política. Ello ha permitido que, con diversos propósitos, la tala y desmonte de grandes zonas arbóreas se traduzcan en severas lesiones a la naturaleza: a sus flujos ecológicos interactuantes, simbiosis y ciclos biológicos entre procesos y especies de flora y fauna. Y como consecuencia, en la desaparición de bienes naturales necesarios para la reproducción de la vida humana: desde el agua hasta el oxígeno.

Los cambios de uso de suelo son, casi siempre, una de las causas de destrucción de esos bienes. Sin esa política, ya con su aplicación laxa o arbitraria, ya con la complicidad de funcionarios y legisladores corruptos, la toxicidad y los desastres naturales adquieren mayor capacidad destructiva y causan pérdidas materiales, daños a la salud y muertes animales y humanas.

Así han crecido las zonas metropolitanas del país. Las fábricas y talleres instalados a poca distancia de las viviendas se han convertido en fuentes de gran contaminación ambiental, potenciada con las emisiones del tráfico automotriz.

Grandes son los obstáculos para recuperar territorio, rehabilitar superficies que no debieron ser desarborizadas, restablecer los suelos y la capacidad de contención de las aguas pluviales para aprovechar su uso. De ese tamaño son, igualmente, aquellos que se oponen a la preservación y defensa de las áreas verdes protegidas o las que fueron consideradas en su origen bosques y parques necesarios para la salud citadina.

Esos obstáculos tienen que ver con la gran propiedad urbana. Disfrazado de pequeñas propiedades, el latifundio porfiriano se reificó en las ciudades. Y en sus dueños y sus métodos depredadores se identifica un gran peligro para la protección y generación de áreas verdes y, por tanto, para la vida, la tranquilidad y la paz sociales. Es la defensa absoluta de la propiedad privada en una de sus dimensiones criminales.

Monterrey es uno de los peores ejemplos de esa realidad y donde el alma y la práctica del neoliberalismo capitalista se han encarnizado mediante la participación de negociantes voraces y la colusión de autoridades y órganos de gobierno. De aquí que su área metropolitana sea la de mayor contaminación en América Latina. Por más que se monitorea, mide, registra, la toxicidad del aire que en ella se respira no baja: es insalubre y letal. En diciembre pasado sólo hubo tres días normales y en enero se incrementó la contaminación 40 por ciento. No por nada la pandemia ha puesto al Monterrey metropolitano en semáforo rojo.

Los gobiernos de los municipios metropolitanos y del estado, antes que remediarla abonan a la situación aterradora del desmedro atmosférico en términos de oxígeno y de la carencia de áreas verdes: 95 por ciento. Una muestra.

La diputada local Claudia Caballero se ha opuesto, con argumentos que no lo son, a que la iniciativa ciudadana para crear una ley de grandes parques y bosques urbanos, presentada por el industrial Guillermo Martínez Berlanga, sea cursada para su dictamen en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (por nomenclatura no queda). Ya pasaron siete meses de que se presentó la iniciativa. Está en estudio, dice la legisladora marrullera, y también que ya se consulta al Ejecutivo para ver si hay dinero como para aprobarla.

En su exposición de motivos, Martínez Berlanga presenta argumentos científicos y técnicos, y ejemplos de ciudades donde la conciencia ambiental –cierto, fuera de México– ha aplicado medidas de arborización en serio, así como leyes providenciales y remediales.

La expresión primer mundo es frecuente escucharla en voces de líderes de la comunidad. Suena a salesman talk cuando vivimos en un país subdesarrollado, al que no escapan las principales zonas metropolitanas del país: Monterrey, una de las tres más grandes. Entre esos líderes es preciso mencionar al Consejo Nuevo León cuya voz de orden es la de Femsa. El gobierno actual le ha encargado trazar sus estrategias. ¿Algo ha hecho la empresa de cerveza, gaseosas, tiendas de conveniencia para defender el ambiente, aparte de ampliar sus ventas en estadios y sitios similares?

Son esos intereses los que defiende Caballero. La prensa le preguntó sobre el Parque Fundidora. Dijo que éste ya está dado. ¿Por quién y a quién?, le ha preguntado el ciudadano ambientalista. Su respuesta ha sido prepotente y su lógica la de un recadero. El hecho de que este parque haya sido objeto de negocios y administradores sucios, lo cual ha corrompido su destino original, no quiere decir que ya esté dado. Tampoco están dados otros espacios verdes, que hay que defender, proteger, recuperar, así como aumentar otros en el Monterrey metropolitano.