Pedro Salmerón Sanginés

El maestro Carlos Navarro Reyna (coordinador del posgrado de la unidad Celaya de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN) me hizo llegar un alarmante informe que describe el atentado que están sufriendo, por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), los programas académicos que ofrecen las tres unidades de la UPN: la 111, de Guanajuato, con subunidades en Irapuato y Dolores Hidalgo; la 112 de Celaya, con subunidades en Acámbaro, San José Iturbide, Pénjamo y Valle de Santiago, y la 113 de León.

Desde que en 1992 se aprobó la salinista contrarreforma educativa (que iba en sentido contrario de la gran reforma de 1921 de la que surgió el proyecto educativo nacional), las unidades de la UPN fueron señaladas como instituciones transferidas, con un esquema dual de funciones: por un lado, la rectoría de la UPN Ajusco conserva la autonomía académica para el diseño y desarrollo de programas académicos; por otro, se transfirió a las entidades federativas las facultades administrativas de los recursos (humanos, materiales y financieros). Las tres unidades de la UPN en Guanajuato tienen mil 350 alumnos.

¿Cuáles son los hechos que denuncia Navarro Reyna? Gloso: 1) en agosto de 2020 el gobierno de Guanajuato suspendió las inscripciones a las licenciaturas que ofrecen las subunidades, permitiendo sólo su apertura en las sedes de las unidades Celaya, Guanajuato y León. Lo hizo violando los lineamientos para la creación de programas educativos de... la UPN, que establecen que la suspensión temporal de un programa educativo es facultad exclusiva del Consejo Académico del Ajusco, y no una decisión política; 2) se suspendió la inscripción de las licenciaturas en pedagogía y en sicología educativa, en las subunidades de Acámbaro, San José Iturbide, Irapuato y Dolores Hidalgo, con lo que se canceló el acceso a esta universidad pública de más de 300 jóvenes guanajuatenses de escasos recursos. Un dato importante reflejado en encuestas aplicadas a los alumnos de la unidad Celaya es que 96 por ciento señalaron ser los primeros de su familia extendida en lograr el ingreso a la universidad; 3) en enero de 2021 se repite el atentado contra nuestra casa de estudios, pues, sin importar que ya iniciaron los cursos de las maestrías en las tres unidades, se decidió, de nuevo unilateralmente, suprimir los cursos propedéuticos, señalando (sin ningún estudio previo y sin tomar en cuenta a la rectoría académica de la UPN Ajusco) que a partir de agosto de 2021 los posgrados de la UPN en el estado serán generacionales. Sólo en Celaya eso dejó sin acceso al posgrado a casi 75 maestros en las tres sedes en las que se tenía contemplado abrir la maestría. Pensemos que detrás de cada docente que cursa las maestrías de la UPN existen en promedio 25 alumnos, por lo que el efecto multiplicador de un maestro más preparado se refleja en una mejor educación para más de mil 800 niñas y niños; 4) ante la falta de argumentos académicos de las autoridades de la SEG, Víctor González Gutiérrez, coordinador de Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación, en un principio señaló discrecionalmente a uno de los docentes no contratados que el rechazo de algunos contratos era por órdenes de muy arriba y después me argumentó que era por falta de presupuesto. En la estructura de la SEG arriba de este funcionario se encuentran José Ernesto López Juárez, director de coordinación de organización e instituciones de educación superior; aunque suponemos que quien lo ordenó fue Karla Sofía Padilla Ledesma, subsecretaria de Administración y Finanzas, funcionaria impuesta por Eusebio Vega (el anterior titular de la SEG) a la actual secretaria de la SEG, Yoloxóchitl Bustamante Díez; 5) “el argumento de insuficiencia de recursos para las maestrías es inconsistente si consideramos que la inscripción y reinscripción tiene un costo por alumno de 4 mil 250 pesos por semestre; cada grupo tiene en promedio 15 alumnos que es atendido por tres académicos, que en promedio cobran por asignatura 18 mil 500 pesos libres de impuestos (sin ninguna prestación adicional por que su contrato es por honorarios). “En números al semestre esto representa: 15 alumnos × 4 mil 250 pesos = 63 mil 750 pesos; tres académicos × 18 mil 500 salario = 55 mil 500 pesos: así, tenemos que: ingresos – gastos: 63 mil 750 – 55 mil 500 = + 8 mil 250 ¿en qué momento la SEG puede argumentar lo incosteable de la maestría? ¿O en qué momento la educación pública –para la SEG– se convirtió en una fuente de utilidades? ¿En qué documento se considera el criterio de rentabilidad para la apertura de un programa de posgrado?”