A penas el jueves pasado, en este espacio se mencionaron los casos del diputado Mauricio Toledo y del ex director de la Conade Alfredo Castillo Cervantes como ejemplos del agujero negro de corrupción e indecencia que fue el régimen encabezado por Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las tropelías de estos personajes parecen palidecer frente a la noticia publicada el sábado en La Jornada respecto de la incautación de 48 mil millones de pesos que 23 empresarios y financieros mexicanos mantenían en Andorra.

Según las investigaciones emprendidas por las autoridades de este microestado enclavado entre España y Francia, esa colosal suma de dinero provendría de operaciones del crimen organizado, la corrupción política y la malversación. Por el momento, el secreto judicial impide conocer los nombres de quienes depositaron entre 5 y 150 millones de euros en el Banco Privado de Andorra (BPA), intervenido desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones, pero ha trascendido que en el centro de las pesquisas se encuentra Juan Ramón Collado, quien fue abogado de Peña Nieto y de otros de los personajes más siniestros de la clase política, desde el líder sindical Carlos Romero Deschamps hasta Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Detenido en México por delincuencia organizada, apropiación de recursos ilícitos y otros delitos, a Collado se le señala como operador y testaferro de la trama que usó los laxos mecanismos de control existentes entonces en la entidad andorrana para lavar dinero a gran escala. Falta mucho recorrido en las indagatorias que tienen lugar en el principado, pero todo apunta a que el dinero confiscado es parte del gigantesco saqueo perpetrado durante el peñato, así como en los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox, a través de una escandalosa connivencia entre funcionarios públicos, empresarios e integrantes del crimen organizado. Es posible, por ejemplo, que entre esos fondos se encuentre una parte de los 7 mil 670 millones de pesos expoliados del erario en la llamada estafa maestra durante 2013 y 2014. Como señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de probarse que esos recursos pertenecen al Estado mexicano y concretarse la incautación a quienes los sacaron del país, el gobierno deberá tomar las acciones conducentes para que sean devueltos a su legítimo dueño, que es el pueblo de México.

En esta misma dirección tendrán que moverse las autoridades con los fondos provenientes de la corrupción que hayan sido depositados en cualquier otra región del mundo, pero sobre todo tienen la tarea ineludible de investigar a todos los involucrados, fincar los cargos pertinentes y acabar con la impunidad que hizo del expolio de las arcas públicas una rutina para funcionarios de todos los niveles.