Cuando faltan nueve días para la toma de posesión del demócrata Joe Biden, rival y sucesor de Donald Trump, el aún presidente de Estados Unidos enfrenta las horas más difíciles de su presidencia. La aventura descaradamente golpista a la que convocó el 6 de enero pasado, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en la sede del Poder Legislativo en Washington para impedir que el triunfo electoral de Biden fuera ratificado, se saldó en una grave derrota autoinfligida.

Ese intento insensato de impedir a última hora su inevitable salida de la Casa Blanca, no sólo unificó en su contra a los elementos más poderosos del establishment, sino que desgajó a su propio partido, el Republicano, muchos de cuyos legisladores repudiaron a los asaltantes, pero también a quien los convocó.

En estas circunstancias, el Partido Demócrata busca varias vías para remover del cargo al magnate neoyorquino, incluso antes de que éste concluya su periodo. La prime-ra de ellas es el exhorto al vicepresidente Mike Pence y a los integrantes del gabinete para que, invocando los términos de la Enmienda constitucional 25, declaren que su jefe está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo y ejerzan el poder en forma provisional, a la espera de una ratificación de la medida por dos terceras partes del Legislativo. Si eso no ocurre, la lideresa de la mayoría demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, iniciará hoy mismo el mecanismo para llevar a cabo un juicio político –que en Estados Unidos se conoce como impeachment– con el fin de destituir a Trump. Sería la primera vez en la historia que un jefe de Estado enfrenta tal proceso en dos ocasiones.

La legisladora también anunció que está en busca de una fórmula legal para quitar al aún presidente el control del arsenal nuclear estadunidense (que sólo puede activarse por orden presidencial), al considerar que el republicano carece del sentido de responsabilidad requerido para semejante facultad.

Aunque en el caso del atrabiliario e impredecible jefe de Estado resulta poco sensato hacer predicciones, da la impresión de que en esta ocasión Trump se ha quedado sin opciones para aferrarse al cargo y en una reciente declaración –la última que pudo hacer en Twitter, red social que suspendió su cuenta por tiempo indefinido en un inopinado y alarmante acto de censura corporativa– respecto de que habrá una transición ordenada el 20 de enero sugiere que se ha resignado a dejar la Casa Blanca.

En tal circunstancia, y habida cuenta del muy estrecho lapso que le queda a su administración, el impeachment podría parecer innecesario. Pero buena parte de la clase política y de los poderes empresariales de Estados Unidos está viendo más allá: aunque el juicio político no pueda desahogarse y culminar en nueve días, su realización permitiría cerrarle a Trump toda posibilidad de volver a competir por la presidencia, como el propio magnate sugirió hace unos días, cuando dijo que su administración era apenas el inicio de nuestra lucha para devolver la grandeza a Estados Unidos. En efecto, si el proceso legal referido se consuma, el aún mandatario quedaría inhabilitado de por vida para buscar un cargo de elección.

Por lo demás, y a pesar de la obscena intención del republicano de otorgarse un indulto a sí mismo, es probable que se desaten en su contra otros juicios que el perdón presidencial no alcanza a cubrir, en especial por operaciones fiscales irregulares y por delitos de agresión sexual.

En suma, todo indica que tras haber conseguido la mayor victoria de su vida, que fue llegar a la presidencia y ejercerla durante cuatro años, Trump habrá de enfrentar, en lo sucesivo, meses y años amargos.