Ayer avanzaba en el Senado la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado, a fin de regular y transparentar la presencia de agentes del extranjero en México. El dictamen, trasladado al pleno tras el voto favorable de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, establece la obligación de agentes de otros gobiernos de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. También deberán cumplir ese requisito las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional.

Un día antes, durante su conferencia matutina, el mandatario había descartado que la iniciativa de ley genere fricciones con Estados Unidos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard negó que la reforma lleve dedicatoria a la agencia antidrogas de Washington (Drug Enforcement Administration, DEA) o a algún país en específico, sino que busca poner orden y dotar a México de un marco legal claro en su cooperación con otros países, así como hacer efectivo el principio de reciprocidad en esas relaciones.

Lo cierto es que ni ésta ni ninguna otra modificación en el orden jurídico mexicano tiene por qué generar desavenencias con la Casa Blanca mientras sus ocupantes se conduzcan con el debido respeto a la soberanía de la que México goza para dotarse de sus propias leyes. Además, debe considerarse que en ningún modo se trata de disposiciones extraordinarias, sino de las regulaciones que todo país establece a los agentes extranjeros a los que permite operar en su territorio.

Sin embargo, resulta igualmente innegable que la iniciativa obradorista se presenta en un contexto en que los agentes estadunidenses, y en particular los adscritos a la DEA, han abusado sistemáticamente de los acuerdos que avalan su presencia en el país. Este desafío hacia las leyes mexicanas se ha dado tanto entre los funcionarios oficialmente acreditados como entre los encubiertos. Por la propia naturaleza de su labor, es imposible conocer los alcances de los atropellos perpetrados por estos últimos, muchos de ellos facilitados por la actitud omisa de distintas administraciones federales. En efecto, no se puede soslayar que en el pasado los gobernantes se avinieron al libertinaje de las agencias estadunidenses, el cual alcanzó niveles escandalosos en el sexenio de Felipe Calderón.

En este sentido, el cambio en el marco legal tuvo como obvio catalizador el espionaje de la agencia antidrogas contra un funcionario en activo del más alto rango, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. Cabe recordar que, con independencia de si el general es culpable o no de los delitos de que se le acusa, la DEA se condujo con absoluto desaseo en las indagatorias, cuya ilegalidad quedó exhibida por la imputación de la fiscalía federal estadunidense que condujo el caso hasta la devolución de Cienfuegos a México.

Estos antecedentes confirman la necesidad de la reforma discutida en la Cámara alta: la vigencia de la soberanía nacional exige delimitar de manera muy precisa el campo de acción de los agentes extranjeros que operen en el país, así como vigilar estrechamente el cumplimiento de esas limitaciones.