Cuando falta poco más de un mes para que termine la administración de Donald Trump, éste firmó un decreto para garantizar que los estadunidenses reciban las vacunas contra el Covid-19 producidas en ese país antes de que sean distribuidas en otras naciones. Aunque dijo confiar en que no sea necesario hacerlo, también amenazó con recurrir a la Ley de Producción de Defensa para obligar a las compañías a que entreguen sus dosis hasta satisfacer la demanda interna, como hizo en abril con los equipos de respiración y las mascarillas de protección personal.

Washington ya tiene convenios para adquirir 200 millones de dosis de dos inoculaciones que se espera sean aprobadas por las autoridades sanitarias en los próximos días; la mitad de ellas, de Pfizer/Biontech, y las restantes, de Moderna.

Asimismo, adquirió de manera anticipada 500 millones de inmunizaciones de AstraZeneca/Oxford (suficientes para inocular a 250 millones de personas, pues el fármaco requiere doble aplicación) y 100 millones de Johnson & Johnson, cuya aprobación se daría a principios del año entrante.

En conjunto, los fármacos cubrirían en forma sobrada a la población estadunidense de 330 millones de personas. El jefe del programa de desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, Moncef Slaoui –nombrado por Trump–, declaró que no entiende de qué trata el decreto, pues en las condiciones actuales el departamento a su cargo cuenta con tener las inoculaciones necesarias.

A reserva de conocer el contenido completo del decreto, su presentación es una muestra postrera del chovinismo exacerbado y del desprecio a la humanidad que ha caracterizado a toda la presidencia de Trump, y que puede causar un enorme daño cuando el mundo enfrenta una crisis como la que ha traído consigo el nuevo coronavirus.

Si el decreto obliga a las farmacéuticas a entregar su producción hasta que cada estadunidense haya recibido las dosis necesarias, la consecuencia inmediata será el retraso o el pleno incumplimiento de los acuerdos signados con otros países, ya que la velocidad de manufactura de los biológicos no puede acelerarse en el corto plazo.

A su vez, ello empujaría a otros países productores de vacunas, como China, Rusia o Gran Bretaña, a protegerse del desabasto mediante decretos equivalentes, mientras los estados que no han desarrollado inmunizaciones propias, pero ya firmaron convenios de suministro, deberán tomar medidas judiciales contra las farmacéuticas que violen los contratos a instancias de la Casa Blanca.

En suma, el decreto del magnate amenaza con dar al traste con los ya precarios esfuerzos de colaboración internacional en la lucha contra la pandemia, y a abrir la puerta a un escenario de barbarie, en el que los estados no sólo den la espalda a las necesidades ajenas, sino que busquen salidas a expensas de los demás.

Está claro que semejante política a nadie le sirve, en tanto las dimensiones sociales y económicas de la emergencia sanitaria dentro de cualquier país sólo podrán superarse cuando el conjunto de la comunidad internacional se encuentre de nuevo en pie. Cabe esperar que este enésimo atropello a la humanidad y al sentido común no llegue a aplicarse y, si se pone en marcha, la primera medida de gobierno del presidente electo, Joe Biden, sea desactivarlo, a fin de restablecer mínimos factores de multilateralismo en el combate al Covid-19.