Abel Barrera Hernández

“Vamos a reconstruir Tlacoapa y lo vamos a dejar mejor que antes de las lluvias”, comentó Rosario Robles, en abril de 2014, a las familias del pueblo me’phaa, que perdieron sus viviendas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, en septiembre de 2013. Haciendo gala del poder que ostentaba por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria se lució diciendo traigo la encomienda para coordinar todas las obras que se van a realizar en Guerrero. El Congreso federal ya había autorizado 37 mil millones de pesos, para poner en marcha el Plan Nuevo Guerrero, en 2014.

El gobernador Ángel Aguirre nombró a Miguel Alemán Velasco como presidente del Consejo Ciudadano, en representación de la sociedad guerrerense, para dar seguimiento a la reconstrucción del estado. El plan promovería el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos, con acciones como el desarrollo logístico e industrial del puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La autopista intercostera que conectaría desde Michoacán hasta Puerto Chiapas; la autopista Puebla-Tlapa-Marquelia en La Montaña y la Costa Chica, y el camino Filo Mayor, en la Sierra de Guerrero. Ninguna secretaría proporcionó información sobre el avance de estas obras. Los millones de pesos se esfumaron entre los empresarios y los funcionarios federales.

La rebatinga salió a relucir cuando el Congreso de Guerrero en 2015, solicitó al presidente de la República, la liberación de estos recursos que se encontraban en manos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El mismo Senado de la República hizo un exhorto para que se informara el destino de estos fondos. Todo se mantuvo en la opacidad y los miembros del consejo ciudadano se encargaron de avalar las supuestas obras que se asignaron a empresas provenientes de los estados de México, Hidalgo y Michoacán.

En 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) manejó 2 mil 474 millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero y reportó un avance financiero de 70 por ciento en cuanto a la reconstrucción de viviendas. En el siguiente año obtuvo 2 mil 804 millones de pesos, informando de manera general el ejercicio de 72.9 por ciento de los recursos autorizados. El puerto de Acapulco se transformó en el centro de estas transacciones financieras del Plan Nuevo Guerrero.

La situación dramática de los pueblos de la Montaña quedó supeditada a los intereses macroeconómicos que se dirimieron entre los grupos de poder protagonizados por Rosario Robles y Luis Videgaray. El manejo discrecional de los recursos y la asignación de obras estuvieron palomeadas por la titular de la Sedesol de 2013 al 2015, y posteriormente como titular de la Sedatu. El Plan Nuevo Guerrero tuvo otro aporte de 40 mil 222 millones de pesos, destinados a cuatro principios rectores: construir un nuevo Guerrero; implementar proyectos sociales para la productividad; promover el ejercicio transparente de los recursos y la participación ciudadana.

Ante el manoseo truculento de los fondos para la reconstrucción, los pueblos de la Montaña crearon el Consejo de Comunidades Damnificadas (CCDM) para exigir su participación en las reuniones regionales e incidir en la toma de decisiones, relacionadas con la construcción de viviendas, reparación de puentes y caminos, así como la precaria infraestructura escolar y médica.

Las comunidades desplazadas de los municipios de Malinaltepec, Acatepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán, Metlatonoc y Cochoapa el Grande, se vieron obligadas a improvisar campamentos en las cimas de la Montaña. La intervención del gobierno federal fue indignante porque se limitó a proporcionar despensas, colchonetas y láminas para acondicionar sus cobertizos. Los maestros y maestras se las ingeniaron para improvisar espacios, con pizarras y tablones para dar clases a las niñas y niños. Las mujeres se organizaron para instalar la cocina comunitaria, preparando los alimentos a ras de la tierra y con la leña que recolectaban los jefes de familia. Soportaron las inclemencias del tiempo durante un año, con la promesa de que el gobierno del estado se encargaría de comprar los terrenos, mientras la Sedatu se comprometía a construir sus viviendas.

Con la entrega de folios hicieron creer a las familias damnificadas que en breve construirían sus viviendas. A pesar de que más de 15 comunidades contaban con los dictámenes del Centro Nacional de Prevención de Desastres que ordenaban su reubicación, los funcionarios federales endilgaron a las mismas comunidades su oposición a salir de sus terrenos agrietados.

Ante la indolencia de las autoridades, el Consejo de Comunidades Damnificadas convocó a una marcha masiva en Tlapa para evidenciar la estafa del Plan Nuevo Guerrero. Su reclamo sobre el manejo de los 70 mil millones de pesos, destinados a la reconstrucción de los pueblos, llegó a la Secretaría de Gobernación. Ante la indignación por tanta canallada, el gobierno federal apoyó el programa alimentario propuesto por los pueblos que llueva maíz en la Montaña. Acordaron también que la Sedatu verificaría en campo, el censo de las 4 mil 300 viviendas que reportó el CCDM. Recorrieron 121 comunidades de 12 municipios donde corroboraron que 4 mil 250 viviendas no habían sido registradas en la base de datos de la Sedatu. A pesar de esta protesta, pudo más la arrogancia y la ambición desmedida de la protagonista estelar de la estafa maestra.

El caso de Tlacoapa es inaudito: es la única cabecera municipal de la Montaña que no cuenta con carretera pavimentada. Hasta la fecha los enfermos se atienden en la oficina del Comisariado de Bienes Comunales, porque el hospital básico no se encuentra equipado. Los casos de muertes maternas se han incrementado durante estos 7 años por la indolencia de las instituciones de salud. Las 119 viviendas reportadas con daños totales quedaron inconclusas. Algunas sólo cuentan con una base de cemento armada con tela para gallinero. Otras más sostenidas con armex y mortero. A quienes mejor les fue, cuentan con un techo agrietado que, en temporadas de lluvias, las familias se refugian en sus casas de cartón.

Nunca más regresó a la Montaña la secretaria Robles que siempre mostró su animadversión contra los indígenas que la increparon. Las empresas Habitad, Grupo de Oro Fuerte SA de CV, Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial, llegaron a las comunidades para tirar un carro de arena y pedir la firma del comisario y de las familias damnificadas. Aun así, la organización de los pueblos no ha sucumbido. Con el nuevo gobierno de López Obrador se ha podido resarcir este grave daño. De las 4 mil 250 viviendas, se han construido 403 con el apoyo del INPI, la Conavi y la Sedatu. Es una experiencia inédita, donde las familias ejercen directamente los fondos de su vivienda, como una forma efectiva para desterrar la estafa de las empresas y las autoridades corruptas.