Gilberto López Y Rivas

La criminalización de la lucha social por aparatos judiciales del Estado capitalista ha sido una constante en México. A través de este recurso legal, hombres y mujeres que resisten la recolonización de sus territorios por corporaciones que incluyen el crimen organizado, son encarcelados por delitos comunes, sometidos a juicios prolongados en los que no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia, se presentan víctimas y testigos a modo, y se neutraliza, por esta vía, toda expresión organizativa de protesta comunitaria y popular.

El reciente caso de detención e ingreso a prisión preventiva de la abogada indígena Kenia Inés Hernández Montalván es un ejemplo paradigmático del uso del Poder Judicial para impedir el libre ejercicio de los derechos a la libre manifestación de las resistencias, especialmente cuando se cierran los canales de comunicación con los tres niveles de gobierno. Originaria de la región de Ometepec y Xochistlahuaca, Costa Chica de Guerrero, Kenia Inés es hablante de amuzgo, madre soltera de dos niños, de siete y cuatro años de edad, egresada de Derecho de la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, Guerrero, e integrante, desde estudiante, de colectivos solidarios con el movimiento social local y nacional. En 2017 y 2018 participó activamente en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Cochopa, municipio de Ometepec, como consejera de derechos humanos, apoyando la impartición de justicia y promoviendo la unidad de las distintas Casas de Justicia de la CRAC-PC, dispersas después del conflicto interno originado, desde 2013, por la intromisión directa del gobierno estatal. En este contexto de confrontación inducida desde el poder tuvo que retirarse de ese cargo, pasando, a integrarse, entre 2018 y 2019, a la reorganización del Comité de Enlace de la CRAC-PC, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, que había sido severamente reprimido por el gobierno estatal en enero de 2018, cuando fueron asesinados cinco policías comunitarios y encarcelados más de 30 campesinos, integrantes de la CRAC-PC, incluido el vocero, Marco Antonio Suástegui.

A finales de 2018, la abogada Hernández Montalván, junto con representantes de diversas organizaciones, fundan el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en el Estado de Guerrero (Molppeg), que luego de realizar distintas acciones de protesta, y conjuntamente con la labor jurídica de abogados de Tlachinollan, logran la libertad de todos los presos en el penal de Acapulco. Con esta articulación unitaria de organizaciones de La Montaña y la Costa Chica, la abogada participa en el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero. Desde el Molppeg, participa en la lucha por la justicia para Arnulfo Cerón Soriano, integrante del Frente Popular de la Montaña y del Molppeg, desaparecido y asesinado en octubre de 2019, en Tlapa, Guerrero.

Esta activista, de 30 años, con jóvenes de la Costa Chica, fundan el colectivo Zapata Vive, a mediados de 2018, promoviendo proyectos de asistencia social y ecología, así como de solidaridad con otras organizaciones y movimientos sociales. Reconocida por sus pares de lucha en su calidad de abogada indígena logra la sentencia condenatoria del feminicida de Silvia de Jesús, asesinada en Xochistlahuaca.

En septiembre de 2019 es forzada a salir de Guerrero, al recibir amenazas de muerte por su labor incansable en la denuncia de abusos e injusticias, solicitando el apoyo del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, el cual le otorga refugio en la Ciudad de México, donde participa en diversos esfuerzos unitarios del movimiento social y por la defensa de presos políticos. Se integró al Segundo Encuentro de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, llevando a cabo tareas de apoyo, y al Comité Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos.

El pasado 6 de junio, Kenia es detenida por la policía mexiquense, acusada de robo, y puesta en libertad a los pocos días, continuando con sus actividades de defensa de los derechos humanos, y sumando a sus tareas la defensa legal de sus excompañeras, injustamente encarceladas, logrando la libertad de algunas. El 18 de octubre, de nueva cuenta, es detenida con violencia cerca de la caseta de Amozoc, en la autopista México-Puebla, por policías ministeriales y estatales del Edomex, sin mostrar orden de aprehensión, recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y trasladada, posteriormente, al Reclusorio Federal, en Coatlán del Río, Morelos.