Los disparos al aire de armas largas efectuados por policías del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para dispersar a los ciudadanos que protestaban frente a la sede del ayuntamiento el lunes pasado fueron un acto represivo injustificable en cualquier lugar y circunstancia, pero en especial repudiable en un periodo en que el gobierno federal tiene como divisa acabar con las prácticas represivas que durante años fueron respuesta habitual de las autoridades al descontento social.

Al día siguiente, conforme cundía el clamor ciudadano para actuar contra los responsables de la bárbara actuación de los uniformados, quedó al descubierto una tremenda confusión en torno a la cadena de mando de los cuerpos policiacos en el municipio que alberga a Cancún, el destino turístico más importante del país. Por una parte, la alcadesa Mara Lezama señaló que los policías involucrados responden al mando único estatal, pero el gobernador Carlos Joaquín González y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Jesús Alberto Capella Ibarra, también se deslindaron por las acciones de las fuerzas del orden.

Al final, la responsabilidad recayó en Eduardo Santamaría, director de la policía municipal y Tránsito, e Isaac Janix, secretario del ayuntamiento, quienes fueron cesados ayer. Este juego de deslindes exhibe un caos en el manejo de los cuerpos policiales en esa entidad del Caribe mexicano, manejo que debería ser cuidadoso tanto por la naturaleza de su labor como por el contexto de grandes desafíos en la materia que tienen esa entidad y el país.

Pese a que el gobernador condenó la actuación de los uniformados y reiteró que sus indicaciones son las de responder sin violencia a los actos de protesta, no abona al esclarecimiento de los hechos que su secretario de Seguridad Pública atribuyera la cargada represiva a la estupidez de seis elementos, versión poco verosímil, por cuanto los videos difundidos por testigos parecen mostrar una actuación concertada y dirigida para amedrentar a los manifestantes. La incongruencia del ámbito estatal también se hace patente en las declaraciones de la fiscalía, según la cual nadie fue detenido antes, durante, ni tras las manifestaciones, pese a que hay testimonios videográficos de aprehensiones realizadas durante el deplorable episodio.

Además de provocar lesiones de arma de fuego a dos periodistas, la agresión policial es un hondo agravio a las mujeres quintanarroenses y a las mexicanas en general, quienes se encontraban en la plaza central del municipio para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, quien desapareció el día 9 y fue encontrada asesinada la mañana siguiente.

La urgencia de atender la crisis de violencia contra las mujeres quedó tristemente corroborada el mismo lunes, con la desaparición, en Chetumal, de María Sherlin Icte Zul, de 15 años, lo que de nueva cuenta mostró la generalizada situación de violencia que sufre la entidad. Respecto de la explicación de esta crisis, existe la extendida sospecha de que las corporaciones de seguridad locales están severamente infiltradas por delincuencia organizada, algunas de cuyas modalidades predominantes en la región son la explotación sexual y el tráfico de personas, actividades ilícitas que a su vez son señaladas como una causa importante de feminicidios.

Es pertinente que la Secretaría de Gobernación demandara investigar lo ocurrido hasta sus últimas consecuencias, expresara ayer mismo que seguirá de cerca el desarrollo del caso y, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, condenara las agresiones contra periodistas, defensoras de derechos humanos y quienes ejercían la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Sin embargo, estos exhortos parecen insuficientes dada la gravedad de los hechos y que en Quintana Roo no haya a la vista una autoridad capaz de esclarecer ni de impartir la justicia necesaria.

Cabe llamar a la Fiscalía General de la República a que considere ejercer su facultad de atracción y ponerse al frente de las indagatorias. A las mujeres del país se les debe el total compromiso del Estado para sancionar a los responsables de estas acciones de barbarie y resolver el tema de fondo: la emergencia de violencia de género.