México es la nación con la mayor desigualdad salarial tanto en América Latina como entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como el sexto más desigual de Latinoamérica cuando se consideran todos los tipos de ingreso –detrás de Brasil, Colombia, Honduras, Panamá y Paraguay–. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta los datos anteriores y señala que entre 2012 y 2018 la lucha contra la desigualdad se mantuvo totalmente estancada.

Esta situación se traduce en que uno por ciento de los más ricos se apropian de 21por ciento de los ingresos de toda la economía o, puesto en pesos, que apenas un millón 247 mil de los 124 millones de mexicanos se queden con 3.9 de los 18.5 millones del producto interno bruto (PIB), mientras 34 millones 515 mil sobreviven con menos de 5.5 dólares diarios (unos 120 pesos al tipo de cambio actual).

Si dichos datos resultan en sí mismos estremecedores, es más terrible todavía lo encontrado por un estudio que cita el BID, según el cual las pérdidas de empleo en la industria manufacturera mexicana durante los años anteriores a 2019 generaron un aumento en el tráfico de cocaína y la violencia. Es decir, que pese a la insistencia del discurso neoliberal en ubicar la violencia y la criminalidad como fenómenos causados por decisiones individuales e imputables únicamente a quienes se ven envueltos en ellos, existe una correlación clara entre la penuria económica provocada por el modelo económico impuesto por los grandes capitales y la destrucción del tejido social que lleva al incremento vertiginoso y en apariencia irrefrenable de la incidencia delictiva. Para colmo, los sectores más desfavorecidos no sólo se ven atenazados por la falta de oportunidades, sino que se encuentran desproporcionadamente expuestos a sufrir las consecuencias de la violencia: en cinco años se quintuplicaron los homicidios en las localidades de menores ingresos, y los barrios pobres padecen hasta 400 homicidios más por cada 100 mil habitantes que en las zonas pudientes.

Pese a la desolación que ha traído la desigualdad, hasta hoy amplios sectores de la academia, los medios y, por supuesto, los voceros de las cúpulas empresariales se empeñan en imponer una ideología que no sólo naturaliza el flagelo de la inequidad, sino que chantajea a gobernantes y sociedades con la especie de que combatirla desataría males tan graves como la hiperinflación y la caída en la innovación. Este consenso antisocial, construido durante décadas de propaganda corporativa, está hoy muy lejos de haberse desmontado y, lamentablemente, permea incluso entre personajes e instituciones que se reivindican de izquierda, pero se muestran incapaces de dejar atrás la falacia meritocrática; es decir, que la fortuna de cada individuo está determinada por sus propios méritos.

En este sentido, una de las pocas señales positivas es que el actual gobierno federal se haya desmarcado de la política de contención salarial practicada por sus antecesores y que, por el contrario, haya emprendido un programa de recuperación del salario mínimo todavía insuficiente, pero significativo, con el cual apunta a un doble objetivo: subsanar la brutal pérdida de poder adquisitivo a la que fueron sometidos los trabajadores durante las pasadas cuatro décadas y reducir las inaceptables tasas de inseguridad que padecen los ciudadanos.