El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México suspendió ayer las obras del edificio de Periférico Sur 3042, que se ha venido construyendo desde la anterior administración capitalina en terrenos que corresponden a la presa Anzaldo y que están catalogados como de valor ambiental. El miércoles pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, describió el proyecto como uno de los símbolos de la corrupción del periodo de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Mancera, durante el cual, al amparo de una descomposición inocultable, proliferaron la desenfrenada especulación inmobiliaria, las obras irregulares, la privatización de espacios públicos, los procesos de gentrificación y los grandes proyectos depredadores del entorno.

Las enormes construcciones para corporativos y sectores acomodados, como es el caso de la edificación mencionada, son la otra cara de la moneda de un desorden en materia de asentamientos humanos descontrolados, la tala e invasión de zonas naturales protegidas y hasta de sitios riesgosos como terrenos minados y barrancas por parte de grupos desfavorecidos, todo ello al amparo de funcionarios inescrupulosos capaces de vender autorizaciones de obra, usos de suelo y estudios de impacto ambiental, a cambio de sobornos.

Hace unas semanas se comentó en este espacio el desastre que ha provocado en el antiguo pueblo de Xoco la edificación del complejo conocido como Torre Mitikah, de la empresa Fibra Uno, que se construye en la alcaldía Benito Juárez: tala de árboles, hundimientos del suelo y privatización indebida de calles, además de los impactos negativos que ocurrirán inexorablemente cuando el proyecto esté terminado: desabasto de agua y saturación de vialidades. El caso de Periférico Sur 3042 es mucho más grave por sus consecuencias ambientales y por el riesgo que implica construir una torre de cerca de 20 pisos en terrenos de una presa que pertenece, para colmo, a la Ciudad de México. Lo que podría traducirse en una enajenación indebida de bienes nacionales.

El caso ilustra en forma desoladora la impunidad con la que han venido actuando los grandes consorcios inmobiliarios en la capital de la República. A pesar de que la edificación se ha hecho acreedora a diversas suspensiones de obra y que se ha llegado a ordenar la demolición del inmueble, los propietarios han logrado proseguir su construcción mediante innumerables argucias legales y la complicidad de malos servidores públicos.

Tales complicidades no se encuentran sólo en las oficinas gubernamentales, sino también en el Poder Judicial. De otra manera sería difícilmente explicable, por ejemplo, que a pesar de las innumerables aberraciones del proyecto, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito haya dado luz verde, en enero de este año, a la continuación de la obra, basándose en la desacreditación de la representatividad ciudadana de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que había ordenado su suspensión.

En la circunstancia actual, lo que se juega en Periférico Sur 3042 es nada menos que la facultad de las autoridades capitalinas de aplicar las leyes y reglamentos que regulan el desarrollo urbano y la construcción y la capacidad de la sociedad capitalina de reaccionar ante el abuso, la irresponsabilidad empresarial y el desprecio a los intereses colectivos. El afán insaciable de lucro no debe resultar vencedor en este episodio.