Víctor M. Toledo*

Tras la espesa noche neoliberal de tres décadas, plena de corrupción y de entrega de los bienes de la nación, se hace necesario de manera urgente el rescate y la recuperación de las bases materiales del país: suelos, manantiales, cuencas hidrológicas, bosques, selvas, biodiversidad, semillas, costas, playas, aire de las ciudades, etcétera. Sin esa regeneración de los elementos naturales, la salud de los mexicanos, igualmente afectada, no podrá recuperarse. La salud humana y la salud de la naturaleza son mutuamente dependientes. Esta tarea de restauración doble ya la ha comenzado el gobierno de la 4T para el caso de los alimentos y debe seguir con al menos otros dos elementos: la energía y el agua.

Hoy en México el agua está acaparada, maniatada, mal usada, entubada, embotellada, inflamada, gasificada, congelada, contaminada. La ley que rige su apropiación, manejo, distribución y uso data de 1992 y fue elaborada al calor de las contrarreformas del periodo salinista, notablemente la contrarreforma agraria, y conlleva en su composición una tendencia de rígido control estatal y de favorecimiento a los sectores privados. Hoy, tarde o temprano, este marco legal debe ser revisado y puesto al día por un gobierno que se ha declarado antineoliberal, es decir, que lleva como encomienda dos objetivos: regular la voracidad de las empresas (tanto privadas como públicas) y, al mismo tiempo, ir cediendo y trasladando su propio poder hacia la sociedad, empoderando a los ciudadanos organizados, a las comunidades y los colectivos. Estas son las dos misiones principales de todo verdadero gobierno de izquierda.

Dos preceptos deben orientar esta ­actualización. El primero debe garantizar que el uso del agua se haga de tal manera que afecte lo menos posible el metabolismo hídrico. Esto significa el acoplamiento o adaptación, científica y técnicamente sustentado, de las actividades humanas al ciclo hidrológico. Cuanto del flujo del agua se toma y cuanto se devuelve. Es decir, no se deben traspasar los límites que marca la naturaleza en cada cuenca, región o territorio. La información técnica disponible permite saber de cuánta agua se dispone en cada cuenca y en cada acuífero. Además, el agua que tras su uso humano es devuelta a arroyos, ríos, lagunas y mares debe ser lo más limpia posible.

El segundo precepto es el del uso equitativo o democrático del agua. Una lección magistral es la que nos viene de la historia, de miles de años, de los colectivos de regantes. Ahí los agricultores usan armónicamente el agua que baja por las montañas como resultado del derretimiento cíclico de los glaciares para regar sus parcelas. Estos colectivos acuerdan en largas y civilizadas discusiones los cauces dirigidos del agua, las cantidades y los destinos, de tal manera que el agua es conducida por canales construidos y llega a cada parcela de manera equitativa.

El panorama del agua en México es hoy muy preocupante si no es que trágico. Grupos muy poderosos acaparan el líquido vital: mineras, gaseras, cerveceras, refresqueras, lecheras, ranchos agrícolas y ganaderos, granjas avícolas y porcícolas, etcétera, en detrimento de un uso equitativo, transparente, regulado y ambientalmente racional. Los datos disponibles caen como pesadas rocas: 70 por ciento de las aguas concesionadas están en manos de solo 7 por ciento de los concesionarios y existen mil 11 millonarios del agua, propietarios con más de un millón de metros cúbicos. Las grandes agroexportadoras (de alimentos vegetales y animales) hoy reciben enormes volúmenes de agua y de energía subsidiadas. Las mesas directivas de los principales distritos de riego operan con opacidad. Se estima que 60 por ciento de los ríos y lagos están fuertemente contaminados y sus pobladores con problemas severos de salud. Sobre los territorios indígenas, que capta 25 por ciento del agua del país, se han aprobado 77 mil 619 concesiones sin el consentimiento previo de las comunidades. En los sistemas de agua y saneamiento y en la administración de las obras hidráulicas domina una tendencia a la privatización. En todo el país aparecen denuncias por el colapso de los acuíferos por su sobrexplotación y la apertura de pozos ilegales o fraudulentos.

Todo esto conforma el legado hidráulico de 30 años de neoliberalismo, que el nuevo gobierno está obligado a remontar. El reto no es menor. Hoy, como en el resto de las cosas, el dilema del agua adquiere también una bifurcación definitiva: o agua para la vida, justa, digna y plena, o agua para los negocios, la usura y la rapiña, que en términos prácticos la sociedad percibe como un agua para vivir muriendo.