Carlos Fazio

El 19 de agosto, la filtración del documento oficial de la denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, donde imputó legalmente a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, exhibió, también, una presunta red de corrupción y complicidades transexenal que abarcaría a legisladores de partidos que participaron del llamado Pacto por México, pero en particular de Acción Nacional (PAN), entre quienes figuran el ex diputado y ex candidato presidencial Ricardo Anaya y los ex senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo y Roberto Gil Zuarth.

Ligado a la clase capitalista trasnacional vía la Davos-Connection (la conexión del Foro Económico Mundial con el BM, el FMI, el BID y fondos de inversión y de lavado de dinero de plutócratas en paraísos fiscales), en su documento de 63 páginas Lozoya alude a sobornos entregados por la constructora Ode­brecht para influir en la campaña electoral de 2012 y en la política energética que derivó en la contrarreforma de 2013, operaciones facilitadas por Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes les instruyeron entregar importantes sumas de dinero a parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos.

Según Lozoya, los ex senadores panistas García Cabeza de Vaca, Domínguez, Vega Casillas y Lavalle lo habrían extorsionado de manera agresiva bajo amenaza de no dar su voto para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras si no recibían sus sobornos. Señaló que Peña Nieto y Videgaray designaron como enlace con los legisladores a David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado. Además, Videgaray le habría instruido entregar 6 millones 800 mil pesos al entonces diputado federal Ricardo Anaya. Entre 2013 y 2014 se habría entregado a Rafael Caraveo, operador de los legisladores del PAN, sobornos por 80 millones de pesos.

A su vez, Gil Zuarth, ex secretario particular de Felipe Calderón, le habría pedido que beneficiara a la firmaTradeco Infraestructura, de Federico Martínez Urmeneta, socio de Carlos Salinas, ya que según sus correligionarios García y Domínguez, la constructora mexicana les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos en favor de la reforma energética. Lozoya denunció a Salinas como comisionista y cabildero del PAN y de su hijo Juan Cristóbal Salinas Occelli, vinculado a los negocios de la empresa Trese (Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados), de presionarlo a través de su padre, Emilio Lozoya Thalmann, y amenazarlo vía José Antonio González Anaya, concuño del ex presidente.

Lozoya afirmó que la participación corruptora de Odebrecht se inició en el sexenio de Calderón, quien celebró un contrato multimillonario con la compañía petroquímica Braskem, subsidiaria de la constructora de Marcelo Odebrecht, el proyecto transexenal Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, en sociedad con la empresa Idesa, de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, ex subsecretario de Gobernación y Relaciones Exteriores y luego embajador en Estados Unidos.

Dijo que el proyecto que obligaba a Pemex a surtir gas etano a la firma Braskem a precios con descuento hasta 30 por ciento respecto de las cotizaciones del mercado internacional, y sin pagar costos de importación, transporte y separación del hidrocarburo, comenzó a gestarse en 2003, cuando Calderón era secretario de Energía en el gabinete de Vicente Fox. La denuncia vino a ratificar que, ya como Presidente de la República, Calderón dejó morir la petroquímica nacional para alimentar al consorcio privado Odebrecht-Braskem.

Según Lozoya, por esa operación muchos panistas recibieron fuertes sumas de dinero durante el sexenio calderonista, y con ello la sociedad Braskem/Idesa afianzó su posición preponderante en el mercado. El contrato de Etileno XXI consta en el acta 827 del consejo de Pemex, presidido por José Antonio Meade Kuribreña, entonces secretario de Energía, con la participación del consejero José Antonio González Anaya, luego director de Pemex, y del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Lozoya afirma que en 2014, bajo la administración de Peña Nieto, González Anaya habría recibido 4 millones 390 mil pesos y Meade, 4 millones, misma cifra que Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Pemex y nombrado director general de la paraestatal en 2017.

Dos días antes de que se filtrara la denuncia de Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el contrato de Etileno XXI debía cancelarse por leonino; la compañía Braskem declaró a La Jornada que estaba en la mejor disposición para revisar y renegociar los términos de su contrato con Pemex.

La declaración oficial de Lozoya ante la Fiscalía General de la República confirmó el saqueo sistemático de recursos públicos y la corrupción generalizada de sucesivos gobiernos neoliberales de Salinas a Peña Nieto, en beneficio de políticos y grandes corporaciones privadas, así como el deliberado desmantelamiento de la industria energética nacional y el debilitamiento del sector público de la economía. Exhibe, sí, a la cleptocracia transexenal, pero habrá que ver si los dichos de Lozoya configuran pruebas que sirvan para romper las cadenas de la impunidad.