Desde finales de julio, la región chilena de la Araucanía se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia que ha llevado a integrantes del pueblo mapuche a emprender tomas de sedes municipales, levantamiento de barricadas, ataques a casas y locales comerciales e incendio de vehículos. El gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con una feroz represión por parte del cuerpo de Carabineros (policía militarizada), y con una descarada tolerancia ante la arremetida de grupos que cabe calificar como supremacistas: ¡El que no salta es mapuche! y ¡fuera, indios! son algunas de las consignas pronunciadas durante sus ataques contra los indígenas.

El antecedente inmediato de la ola de protestas que han tenido eco en la capital nacional, Santiago, se encuentra en la huelga de hambre de 27 presos políticos mapuches y, en particular, la que ha llevado adelante durante 102 días el machi (guía espiritual) Celestino Córdova. En estos momentos, su estado de salud es crítico y se teme que su muerte sea inminente, lo cual movió a indígenas y a sectores progresistas de la sociedad chilena a manifestarse en favor suyo y de la causa mapuche. Condenado a 18 años de prisión por un incendio en el que murieron dos personas, en un proceso judicial ampliamente criticado por su parcialidad y las irregularidades que lo caracterizaron, Córdova busca que se le permita pasar seis meses en su casa de la ciudad de Temuco con la finalidad de renovar su rewe o energía espiritual. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio portazo a una salida institucional a la crisis al negarle la prisión domiciliaria.

Estos sucesos no son sino los episodios más recientes del centenario colonialismo interno que la República de Chile ha llevado adelante como heredera de la Corona española en la tradición de asedio y despojo contra las comunidades indígenas. Este proceso de expolio ha reducido los territorios del pueblo mapuche a apenas 5 por ciento de su área original, obligándolo a luchar no sólo por la restitución de sus tierras, sino para frenar el saqueo sistemático a que se ven sometidas por la dinámica extractivista impuesta por los grupos de poder que despachan desde la capital, las multinacionales, y los colonos que se apropiaron de vastas extensiones de la región.

La incapacidad del gobierno chileno para procesar el conflicto a través de cauces democráticos, hace urgente una intermediación internacional humanitaria que evite la muerte de Córdova, tanto por un elemental sentido humano como por las incalculables consecuencias que su deceso tendría en una situación que ya es sumamente delicada. Más allá de la coyuntura, la crisis permanente en que viven los 700 mil integrantes del pueblo mapuche sólo podrá desactivarse mediante la restitución plena de sus derechos sobre la tierra, el aire y el agua que les fueron arrebatados por el Estado chileno, erigido en fuerza de ocupación interna.

El camino para cerrar esta fractura, y así poner fin a una opresión que impide a los mapuches considerarse parte de la sociedad chilena, pasa de manera insoslayable por derogar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y perpetuadora del orden colonial racista. Desde el año pasado, la sociedad chilena ha mostrado en las calles estar a la altura de este desafío, pero para lograrlo el Estado deberá asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios.