Emmanuel González

En México, en promedio, 75 por ciento de la población mayor de 20 años padece sobrepeso y obesidad. Más de 8 millones de personas sufren diabetes; 15 millones tienen hipertensión. De la población, 85 por ciento consume cotidianamente alguna bebida endulzada clasificada como no recomendable.

Estos datos, publicados en la Encuesta Nacional de Salud de 2018, son un reflejo de los cambios en las políticas económicas globales, la integración de la inversión y la especulación financieras en la producción agrícola la cadena alimentaria y el comercio en un solo mercado –que tienen como marco los Tratados de Libre Comercio (como el TLCAN y ahora, el T-MEC). La globalización alteró la cantidad, calidad, costo y la pertinencia de los alimentos disponibles, lo que puede resumirse como la Coca-colonización de la alimentación en nuestro país. La autonomía alimentaria cancelada por acuerdo trinacional.

Una dieta de calidad posee cinco características importantes: variedad, diversidad, pertinencia, moderación, y balance, e implica el consumo de granos, carne, tubérculos, lácteos, frutas, hortalizas, aceites y azúcares. Según el informe Eat-Lancet, la producción mundial de hortalizas (lechuga, pepino, jitomate, frijol, acelga, calabacita, entre otras) es deficitaria respecto a las necesidades de consumo de la población (de 300 a 600 gramos por persona al día). En México, la Secretaría de Salud indica que cada persona debería consumir diariamente 450 gramos de hortalizas; sin embargo, la producción actual de este alimento sólo alcanzaría a cubrir 79 por ciento de lo requerido (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2018). No producimos las hortalizas que necesitamos, y aun así se exporta 41 por ciento; lo que queda para el consumo nacional, sólo cubre 46 por ciento de la demanda.

Además de condicionar la clase, diversidad y calidad de los alimentos, el mercado condiciona la disponibilidad y el tipo de insumos para la producción agrícola; por ejemplo: 95 por ciento de las semillas de hortalizas en México son importadas (jitomate, cebolla, zanahoria, espinaca, pepino, etcétera) y son propiedad de empresas semilleras trasnacionales mediante patentes (Cedrssa). Ésta es una consecuencia directa de la dinámica de acumulación de capital y de la erosión de la diversidad agrobiológica, que se manifiesta en las recientes megafusiones de corporaciones semilleras: actualmente tres trasnacionales (Bayer-Monsanto, ChemChina, Corteva) controlan más de 60 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales y de agroquímicos, por lo que dependemos de dichas compañías para producir alimentos.

En México, el desmantelamiento de la Productora Nacional de Semillas se inició en 1991 con Carlos Salinas de Gortari, y en el 2002, Vicente Fox le dio un nuevo impulso. Finalmente, el desmantelamiento se concretó con la promulgación de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 2007, en el gobierno de Felipe Calderón.

En el contexto de la pandemia por Covid-19, se prevé que habrá entre 83 y 132 millones de personas en desnutrición en el mundo, lo cual se agudizará en la población vulnerable que ya sufre las afectaciones socioeconómicas por el aislamiento sanitario preventivo. Como situación subyacente, vivimos el desastre sanitario debido a la imposición de un modelo nutricional capitalista. La salud de la población está a expensas de la privatización de los alimentos en las diferentes cadenas de valor.

Para contrarrestar esto, las universidades y centros de investigación deben enfocar sus esfuerzos en la generación de semillas de hortalizas y de otros cultivos de polinización abierta, estableciendo un diálogo horizontal y cercano con las comunidades rurales y campesinas del país.