Gustavo Leal F.

Lejos de su principal oferta, la iniciativa de reforma pensionaria anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 22 de julio no pagará mejores pensiones, pero sí conllevará mayores subsidios fiscales. No resuelve el desafío estructural del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el sistema de capitalización individual, ni tampoco atiende a los trabajadores al servicio del Estado (apartado B), a los de las entidades federativas, universidades y municipios. Como iniciativa, al igual que la reforma neoliberal de Ernesto Zedillo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1995/7, sólo proyecta nuevamente el problema hacia el futuro: patea el bote.

Es claro, también, que sobre la urgencia de presentarla ha pesado decisivamente el impacto económico del Covid-19 y las expectativas de las firmas calificadoras sobre el horizonte macroeconómico de México.

Durante su largo trotar en campañas electorales, efectivamente, AMLO evitó ocuparse explícitamente del asunto público. Nunca se refirió a él. Pero cuando, como gobierno, finalmente decidió ocuparse, otorgó su confianza al Eje del mal pensionario gubernamental: secretario Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis (Secretaría de Hacienda y Crédito Público-4T) o Abraham Vela Dib (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores Padierna (Morena), a los intereses que hegemonizan la arena de la política pública y al sindicalismo corporativo en ruinas.

Efectivamente: su iniciativa se ocupa, pero no se preocupa del largo plazo del asunto. No se preocupa por mejorar estructuralmente el horizonte pensionario de los trabajadores.

¿Por qué? Toda la iniciativa opera dentro del SAR. Como comunica el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal actor de esa iniciativa junto con la Asociación Mexicana de Afores: construye sobre la política pública vigente y las instituciones que hoy participan en el sistema de pensiones para los trabajadores del sector privado (CCE, febrero 2020, Propuesta de reforma al sistema de pensiones. Versión simplificada). De ahí también sus límites.

Pagará más Pensiones Garantizadas con cargo al gasto corriente del gobierno subsidiando al SAR. Pero ese mismo SAR no pagará mejores pensiones. Una baja en las comisiones no tendrá mayor impacto al cobrarse sobre una masa o saldo mayor de ahorro. Y la modificación del régimen de inversión –con su apuesta por una mayor tasa de rendimiento– vivirá acosada por la crisis pandémica y pospandémica. Nada de esto pagará mejores pensiones. Nada de esto mueve la aguja de las pensiones para el grueso de quienes han contribuido.

Y sin embargo, los subsidios fiscales se incrementan para preservar el sistema de capitalización que no pagará mejores pensiones. En primer lugar, se crea la falsa ilusión de una mayor pensión IMSS al sólo sumarla automáticamente a la mal llamada pensión universal para adultos mayores: que sólo es, en rigor, un apoyo a ayuda. Por cierto, muy bienvenida. Pero nunca comparable a una pensión ganada a pulso por años de servicio con un contrato obrero patronal reglado.

Y, en segundo lugar, con la disminución de las semanas de cotización de mil 250 a 750, ciertamente se benefician algunos, pero no se resuelve el fondo del problema pensionario; el gobierno federal asumirá el pago de la Pensión Mínima Garantizada a muchos más trabajadores a quienes el SAR apenas garantiza un exiguo ahorro financiero. Se trata de un claro subsidio explícito con el que se pretende apuntalar un sistema que no garantiza pensiones.

Así, la iniciativa conlleva una propuesta de reforma que saluda con sombrero ajeno: más trabajadores y más pronto, tendrán derecho a la Pensión Mínima Garantizada, pero pagada con el dinero de todos los contribuyentes. Más subsidios para un sistema de ahorro forzoso que no cumple con su objetivo principal: pagar el retiro. Un sistema donde la ecuación está invertida.

Así que el debate sobre el desafío pensionario mexicano queda completamente abierto. El triunfo de corto plazo del Eje del mal pensionario gubernamental es apenas un espejismo. El problema estructural prevalece y la tarea reposa ahora en seguir documentando sus fallas de origen que no disponen de salidas de emergencia, si de lo que se trata es de cumplirles a los mexicanos con pensiones verdaderamente dignas.

Lo deseable murió para la 4T. Sin embargo, la agenda está viva y las propuestas seguirán siendo debatidas para construir un sistema de pensiones basado en un seguro social, con un régimen de previsión complementaria para el retiro (véase propuesta GEPPSS-2020).

En estrictos términos técnicos: el debate está en curso. El sistema que pague pensiones dignas puede ser modelado ya! La innovación ha tocado maduramente a la puerta asumiendo –con toda seriedad actuarial– otra naturaleza social del inevitable costo fiscal que tendrá que pagar cualquier gobierno.