El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer la propuesta de reforma al sistema de pensiones, cuyo texto es resultado del consenso entre el gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). En presencia de los dirigentes de estos organismos, del secretario de Hacienda y los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Congreso, el mandatario resaltó que con el nuevo esquema aumentaría en 70 por ciento el monto percibido por quienes reciben la pensión mínima, al mismo tiempo que la masa de los pensionados pasaría de 34 a 82 por ciento de los trabajadores que llegan a la edad de retiro. Como reconoció el propio López Obrador, incluso con estas mejoras la cuantía de las pensiones que alcanzará la mayor parte de los trabajadores dista de ser la idónea, pero representa una solución inmediata en el terreno de lo posible.

Entre las principales medidas planteadas para garantizar a los mexicanos una pensión digna cuando lleguen al final de sus vidas laborales se encuentran la disminución en las semanas cotizadas necesarias para alcanzar este beneficio –de mil 250 (25 años) a 750 (15 años) –, el aumento en la aportación al fondo para el retiro –de 6.5 a 15 por ciento del salario–, y el ajuste en las comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, que hoy se encuentran entre las más altas del mundo, pero que en lo sucesivo deberán ajustarse a estándares internacionales. Cabe destacar que el aumento en las aportaciones será absorbido por la parte patronal, mientras los trabajadores seguirán contribuyendo con la misma porción de sus ingresos. A fin de que este ajuste no tenga impactos inflacionarios ni afecte las finanzas de las empresas, se aplicará de manera gradual en un periodo de transición de ocho años.

Más allá de los evidentes beneficios que traerá a millones de trabajadores, lo más reseñable de la reforma que deberá tramitar el Legislativo es el consenso logrado entre el gobierno de la Cuarta Transformación, los partidos opositores y la iniciativa privada para abordar un problema que resulta de obvia necesidad y urgencia, pero que las administraciones anteriores postergaron de manera irresponsable. El respaldo de las cúpulas patronales a este esfuerzo por aliviar la catástrofe social que representa el esquema de retiro vigente demuestra que es posible ponerse por encima de las diferencias políticas para alcanzar acuerdos trascendentales.

Quizás el único antecedente de un consenso significativo durante el actual sexenio –cuyas medidas y políticas han sido sometidas en automático a una incesante crítica desde la oposición política y empresarial– se dio en los incrementos a los salarios mínimos, orientados a la paulatina recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores; significativamente, este asunto está vinculado al de las pensiones, en tanto los fondos destinados al retiro son un porcentaje del sueldo.

La reforma propuesta ayer tiene, pues, el mérito de poner sobre la mesa un problema de largo plazo y de lograr el consentimiento generalizado. En suma, hay que saludar una iniciativa que enmienda el sistema de pensiones actual en beneficio de las mayorías, así como esperar que la convergencia entre el Ejecutivo federal y el Consejo Coordinador Empresarial marque un punto de inflexión en la constante inconformidad de los organismos cupulares de la iniciativa privada ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.