Gustavo Esteva

El gobierno de México confesó, por escrito, su intención ­etnocida.

No se muerde la lengua. Llama etnocidio, citando a Rodolfo Stavenhagen, “al proceso mediante el cual un pueblo… pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, se vuelven culpables de etnocidio”. Eso es lo que están haciendo ya y finalmente confiesan. Sin quererlo. Así nomás.

El gobierno reconoce los daños habituales del desarrollo. En vez de sus supuestos beneficios para la gente lo que en realidad se ha observado con los proyectos de desarrollo son efectos negativos y perjudiciales en las grandes masas de población, especialmente en los pueblos indígenas. Estos daños no han sido correctamente documentados ni asimilados, pero todos podemos pensar en daños económicos, sociales y ambientales en lugar de beneficios. Es cierto. Lo sabemos.

El gobierno ofende la memoria de Guillermo Bonfil y Rodolfo Stavenhagen al intentar utilizarlos como cobertura ideológica del atropello. Citan a Bonfil cuando definió el etnodesarrollo como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras. Al convertir el proyecto en etnodesarrollo, escriben los funcionarios, darían un giro positivo al etnocidio. Apenados ante las críticas, cambiaron la expresión por otra peor: el etnodesarrollo sería lo opuesto positivo al etnocidio, porque el proceso de consulta permitirá que el proyecto no sólo respete y garantice sus derechos, sino que se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras para lograr así el desarrollo de comunidades ­sustentables.

Vale la pena leer las páginas 404 y 405 del documento de Fonatur que presenta formalmente el Proyecto Tren Maya Fase 1 (https://bit.ly/31wlegx).

Tiene mérito decir las cosas por su nombre: llamar genocidio al plan de liquidar a los pueblos mayas. Pero es puro cinismo pretender que tal exterminio será un suicidio asistido, al que ellos se entregarán con entusiasmo. “Con pleno apego a la ley y al Convenio 169 de la OIT se emprenderá un proceso de consulta libre, previa e informada con todas las comunidades que estarán involucradas en el proyecto… con la intención de que el proyecto aporte el mayor beneficio posible a estas comunidades. Proceso que ha sido realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y cuyo proceso de seguimiento se encuentra en marcha.”

Se afirma que se hará algo, en el futuro, para sostener en seguida que ya se hizo. Una consulta superficial y excluyente, ampliamente criticada e impugnada, habría convertido el proyecto etnocida en etnodesarrollo. Si se atrevieran a mostrar a los pueblos lo que ahora describen, que el proyecto no consiste en un tren, sino en el desmantelamiento sistemático de su modo de vida, podrían descubrir lo que realmente piensan.

Aprenderían también que a esos pueblos no les gusta que otros decidan por ellos, como acaba de escribir al presidente, por segunda vez, el Chuun T’aan Maya de Yucatán. A pesar de 500 años de agresión constante, que ha destruido buena parte de su hábitat, son pueblos llenos de dignidad que defienden su derecho a persistir.

Estos funcionarios no son un grupo de bandidos, dispuestos a agandallarse cuanto esté a su alcance, como en tiempos de Peña. Son algo peor. Se trata de una mentalidad trastornada que se pretende benévola. Disimula decisiones atroces que califican correctamente como etnocidio con un discurso populista, lugares comunes y palabrería técnica.

Lograron la complicidad de un órgano de Naciones Unidas en el empeño. Según el director de la oficina para México y Cuba ONU-Hábitat, la urbanización siempre se acompaña de desarrollo y prosperidad. El proyecto busca extender la prosperidad hacia el sureste y mejorar el bienestar total de la población. Su oficina contribuirá a vender el proyecto, formulando una narrativa que permita hablar de una intervención regional que lleve la prosperidad nacional a la región sureste. https://www.proceso.com.mx/635678/opacidad -en-los-convenios-para-transparentar -el-tren-maya.

Sabemos bien de qué prosperidad se trata. México produce algunos de los hombres más ricos del mundo y muchos de los más pobres. Tenemos salarios inferiores a los chinos. Miseria y hambre se extienden todos los días. Esos beneficios del desarrollo se quieren imponer en el sureste, contra la voluntad de pueblos que siguen construyendo un modo propio de vivir y saben proteger su dignidad y autonomía. No están ni estarán solos en esta lucha para sobrevivir y para enfrentar dignamente el nuevo afán de exterminarlos.