Arturo Balderas Rodríguez

Los embates de huracanes han empezado a sentirse con toda su fuerza en Estados Unidos. La referencia no es relativa a los desastres naturales que anualmente causa dicha ola de fenómenos meteorológicos, sino a las condiciones políticas, económicas y de salud por las que atraviesa el vecino del norte por movilizaciones en contra de la discriminación racial y de la brutalidad policiaca. En el horizonte no se vislumbra un cambio en esta situación, debido principalmente a que, contrario a la cordura y mesura para paliar la crisis, el mandatario y sus más allegados actúan en concierto para profundizarla.

Como es su costumbre, el presidente Donald Trump buscó el enfrentamiento y no el acuerdo. Ordenó a la policía, la Guardia Nacional e incluso al ejército intervenir para desalojar a quienes pacíficamente se manifestaban en una plaza aledaña a la Casa Blanca. Fue insólito ver a los soldados en las calles de la capital de ese país en funciones propias de la policía. No menos increíble fue que tanto el jefe del mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como el secretario de la Defensa, se deslindaran de la orden del jefe del Ejecutivo y se disculparan públicamente por haber permitido que el ejército interviniera en el desalojo de ciudadanos, lo que marca un hito en la historia del país.

Con este telón de fondo, y un creciente movimiento multirracial protestando por la discriminación y la barbarie de la policía, es preocupante la división que parece abrirse en la sociedad, debido a los diferentes criterios que se han expresado para responder a las justas demandas que en todo el país claman por una profunda reforma en los cuerpos po-liciacos. Hay acuerdo en que el problema es sistémico y se debe atacar a fondo, pues hay hartazgo y frustración sobre promesas de reformas que nunca se concretan. Las reformas son urgentes y deben empezar por una redistribución de los fondos destinados a los cuerpos policiacos y asignarlos a instituciones y organizaciones de salud, de asistenciasocial y educativas.

Quienes han participado en diversos foros sobre el tema, también han insistido en la importancia de que los agentes de seguridad pública estén integrados a las comunidades y barrios en los que viven.

Las diferencias surgen en la propuesta que algunos grupos hacen para desaparecer los actuales cuerpos de las fuerzas del orden. Ponen el ejemplo de ciudades en las que la criminalidad se ha reducido sensiblemente después de que la policía fue sustituida por ciudadanos responsables de atender muchas de las labores que los agentes de carrera realizaban; sin embargo, a juicio de varios especialistas, es altamente improbable que esa medida funcione en urbes de mayor tamaño y densidad poblacional, cuya problemática es más compleja. Consideran que es más factible una reforma paulatina, utilizando parte de los cuantiosos recursos destinados a los oficiales en unidades que respondan a los llamados de auxilio en casos de violencia familiar, consumo de drogas y otros incidentes menores. Estos problemas deben ser atendidos no con criterio punitivo, como suele hacerlo la policía, sino con una visión en la que prevalezca la prevención de delitos por parte del personal capacitado con ese fin específico.

La torpeza o brutalidad con la que frecuentemente actúan los oficiales en muchos casos suele agravar problemas que ameritan mesura y no violencia.

Hoy, como nunca, hay una clara conciencia de que la coyuntura actual pudiera ser un parteaguas en la lucha por la igualdad racial. En tal sentido, las opiniones coinciden en que debe haber un acuerdo sobre la mejor forma de realizar una reforma en seguridad pública que evite nuevas violaciones a los derechos de afroestadunidenses, latinos y otras minorías.

Es menester evitar un diferendo que conduzca al fracaso de una reforma tan necesaria y, por extensión, abra la puerta a las a pretensiones de Donald Trump de relegirse a toda costa, incluso robando la elección, como ha dicho Joseph Biden, no sin razón.