Lev M. Velázquez Barriga*

El contexto en el que se celebra el 15 de mayo está lleno de contradicciones; la autoridad educativa no ha terminado de reinstalar a los que fueron cesados por los efectos punitivos de la reforma educativa del pasado sexenio, la Unidad de Medida Actualizada (UMA) para calcular las jubilaciones de los docentes golpea el poder adquisitivo de trabajadores retirados, las medidas hacendarias para el reajuste del impuesto sobre la nómina han calado en detrimento de los salarios que de por sí ya estaban a la baja en los años anteriores, la reivindicación salarial no llegó y no lo hará en el marco de la crisis económica que se está agudizando por la pandemia; para botón de muestra, en entidades federativas como el estado de México argumentaron que no había recursos suficientes para entregarles completo el estímulo del Día del Maestro.

Unas semanas antes de la expansión del Covid-19 se dejaban ver los síntomas latentes de la precariedad en la que se encuentran los docentes en el país; recordemos el caso de la maestra de Yucatán que en múltiples ocasiones salió idónea en la evaluación para el ingreso, pero nunca llegó su basificación y estalló emocionalmente cuando le informaron que otra vez no había llegado su pago, lo cual había sido una situación recurrente en años; sin embargo, ya en plena pandemia, en Colima, quienes ingresaron como Servicios Profesionales Independientes y no como maestros, denunciaban que su periodo de contrato se acortaría, de facto perderían el empleo de manera anticipada con la suspensión de clases.

No sólo estamos frente a un régimen de precariedad magisterial que prevalece, también ante otro de tercerización laboral que ha sido implementado en algunas entidades del país, en el que no hay relación de trabajo con la autoridad educativa ni tampoco derecho a prestaciones; se trata de la oferta de servicios personales que no acumulan antigüedad y en la que se prescinde de recibir salario en periodos vacacionales. En la educación privada es lo más común, ha estado ahí por años y ahora pesa sobre los docentes de las escuelas particulares la zozobra de no contar con un sustento, aunque los colegios sigan cobrando las mensualidades.

Estos maestros y maestras que perduran años con pagos intermitentes por largos periodos, esperando un contrato que nunca llega, los que laboran por outsourcing sin derechos y por temporadas, no son la excepción, sino la nueva generación de docentes precarizados de la escuela pública y la generación de siempre en la escuela privada, que de manera exponencial ahondaron sus carencias con la pandemia y la suspensión de clases; en el mejor de los casos continúan con sus grupos, tropezando con la renta de datos, plataformas de paga y desplazamientos de casa en casa para llevar materiales didácticos al mismo tiempo que buscan opciones para sobrevivir sin salario o con ingresos a medias por no estar de forma presencial en las escuelas particulares.

Al régimen de la precariedad y tercerización, se suma el hostigamiento de la autoridad educativa hacia los docentes para la entrega de evidencias, unas veces acompañado de un sistemático acoso laboral a través del constante bombardeo de documentos oficiales emitidos por las dependencias educativas estatales con exigencias absurdas que no corresponden con la realidad objetiva, y otras con los llamados personales de los directivos al seguimiento de la estrategia de educación a distancia, así como a los procesos de certificación, so pena de ser merecedores de algún descuento salarial, incluso de ser sujetos de cese en el servicio docente.

Por si no fuera ya un negro panorama el de la precariedad, las escuelas normales públicas y la comunidad educativa que las conforma, siguen siendo objeto de aniquilamiento por inanición, así como de persecución judicial, administrativa y laboral. Con diagnósticos lejanos de toda realidad, las nuevas convocatorias de ingreso reducen la matrícula y por consecuencia el número de egresados que se integrarían a las escuelas; la respuesta por defender estos espacios, con el fin de mantener oportunidades profesionales para los jóvenes que se quieren integrar a la docencia, fue un tiroteo por parte de la policía michoacana en el que resultaron heridos varios integrantes de la Organización de Normales del Estado de Michoacán, otros fueron encarcelados, uno de ellos consignado y una docena expulsados de sus escuelas por la autoridad educativa.

Y para culminar con esta negra celebración y falso reconocimiento a los maestros mexicanos, citaré el caso de seis catedráticos de la escuela de Tiripetío, la primera normal rural de América Latina, que unos días antes del 15 de mayo fueron destituidos de sus cargos directivos y notificados hasta sus hogares de que habían sido cesados; la razón política es porque han desarrollado una propuesta curricular alternativa, inicialmente avalada como proyecto piloto por la dirección general a la que pertenece la institución, en ella recogieron el espíritu originario del normalismo, pero además colocaron las necesidades formativas propias del siglo XXI. El delito más grave que cometieron es haberse opuesto a la dictadura de opereta del gobernador Silvano Aureoles, la cual se replica en los funcionarios a cargo del despacho de la Secretaría de Educación en Michoacán y al proyecto de formación de la subjetividad neoliberal y neocolonial de los docentes en tiempos de la Nueva Escuela Mexicana.