Napoleón Gómez Urrutia

Siempre he expresado mi opinión en contra de la dependencia y concentración de las exportaciones en uno o pocos productos (petróleo, mano de obra barata o turismo), al igual que en comerciar con uno sólo o con pocos países preponderantes (Estados Unidos) porque nos coloca en una posición de mayor subordinación y nos vuelve más vulnerables ante diversos factores externos de riesgo, como los que estamos experimentando en forma aumentada con la actual pandemia mundial, las guerras de comercio, las crisis financieras o los conflictos políticos internacionales.

No hay duda de que la caída en los precios de los energéticos, la posible baja en las remesas a lo largo del año conforme avanzan las tasas de desempleo en el mercado estadunidense y sin excluirlo, la llegada menor de turistas a nuestro país, todo impactará fuertemente a la recuperación de la economía, al igual que en muchas otras naciones. Durante las pasadas tres décadas, por lo menos, los gobiernos precedentes no hicieron una planeación verdadera para construir una estructura productiva interna sólida que nos protegiera de esas variables y cambios inesperados. De hecho, desperdiciaron muchos de los recursos provenientes de la riqueza petrolera, justo cuando esta valía más y existía una demanda en el mercado global.

Por el contrario, nos hicieron más dependientes de las exportaciones tradicionales derivadas de los acuerdos plasmados en el Tratado de Libre Comercio, TLC, y no fuimos capaces como otras naciones, como Noruega, Holanda y los demás países escandinavos, para haber hecho las reservas y crear los fondos para financiar las inversiones de largo plazo que fueran el reflejo de una planeación adecuada. Inventaron o adoptaron teorías, pero no construyeron una base seria de eficiencia y de autosuficiencia en los productos en que tuviéramos una ventaja comparativa.

Hoy estamos enfrentando las consecuencias de esa falta de previsión, de ineficiencias en muchos actos de las pasadas administraciones, de la improvisación y de una corrupción desatada y galopante que nos ha perseguido hasta nuestros días, promovida y tolerada desde el más alto nivel político y económico del país.

La cuestión fundamental es cómo salir de esta crisis, de este círculo vicioso y comenzar a reconstruir todo de nuevo, pero sobre cimientos sólidos, sin errores ni improvisaciones, sin corrupción, con nuevas estrategias. Sin duda un cambio serio, profesional, nacionalista, de fondo, de reglas y quizás hasta de personas se tiene que dar. Hoy más que nunca se requiere de un nuevo modelo de desarrollo, visionario, independiente y que sea solidario y eficaz para planear nuevos objetivos y estrategias integrados en un auténtico Plan Nacional de Desarrollo, que se aleje de una vez por todas de la estrecha visión de favorecer a unos cuantos privilegiados en detrimento de las amplias mayorías populares.

Para alcanzar una sociedad más igualitaria se requiere de un nuevo sistema que incluya compromisos políticos con objetivos y metas que abran el acceso democrático a las herramientas, redes, información y entrenamiento de los nuevos dirigentes que desde hoy, y con más intensidad mañana, busquen alcanzar un cambio verdadero hacia una más transparente justicia política, jurídica, económica y social.

En este momento es urgente replantear los esquemas de política económica para definir una agenda y un plan para la reconstrucción de nuestra economía, de las relaciones de producción y de las nuevas reglas de convivencia en la sociedad, mediante la aplicación práctica de medidas de poder y de administración, con el objetivo de recuperar el equilibrio, la democracia y una equidad más sana. La prosperidad de las naciones y de las personas sólo se obtiene cuando los niveles constantes de bienestar económico y social se incrementen de manera sostenida, lo cual permite cerrar la brecha creciente entre los que más tienen y los más pobres y marginados de la sociedad.

La etapa actual requiere, y cada vez será más necesario, reconstruir los elementos que permitan mejorar la distribución de la riqueza, mediante una estrategia combinada de responsabilidad fiscal más equilibrada, más progresiva y menos evasiva, así como a través de recuperar el empleo estable, remunerado y justo y la apertura de nuevas oportunidades para generar más actividad y riqueza, en beneficio sobre todo de la gran mayoría de la población.