Víctor M. Toledo

Una nota periodística ha recorrido el mundo los últimos días. Angela Merkel llama a una reconstrucción verde tras la crisis del coronavirus. Esta declaración la hizo la ministra alemana en los Diálogos de Petersberg, un encuentro que desde 2010 se efectúa cada año sobre la crisis del clima y reúne a los ministros del Ambiente de 30 países, así como a líderes diplomáticos, empresariales y de organizaciones civiles. Merkel reiteró el compromiso de Alemania con el Acuerdo de París y aplaudió el plan verde de la Comisión Eu­ropea para que ese bloque neutralice las emisiones contaminantes de la atmósfera hacia la mitad del siglo. Durante el acto, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró: “ Si queremos que esta recuperación sea sostenible, si nuestro mundo debe transformarse para ser más resiliente, tenemos que hacer todo lo que podamos para promover una recuperación verde”. ¿Por qué estas declaraciones? Porque los poderes saben que esta pandemia (y las que siguen) provienen de los desequilibrios ecológicos y biológicos de la civilización industrial. Sin embargo, no es el verde que te quiero verde que surge desde los gobiernos neoliberales y los poderosos organismos internacionales, como el FMI, los que marcarán una normalidad alternativa. Tras el Covid-19 urgen cambios radicales que rebasen la visión neoliberal del mundo, y cada vez más ciudadanos toman conciencia de ello.

Es en este contexto que un gobierno antineoliberal, como el de México, tiene la magnífica oportunidad de diseñar y poner en acción una recuperación económica y social diferente, fundada en la transición ecológica, pues como hemos mostrado la salud humana depende de la salud del planeta. La reactivación posneoliberal del país debe contemplar al menos seis transiciones ligadas con los alimentos, el agua, la energía, la conservación, las industrias y ciudades y la educación.

Las pandemias son llamadas de alarma sobre los desequilibrios causados por la expansión de los sistemas industriales de producción de alimentos basados en monocultivos y agroquímicos y en las granjas (de cerdos, reses y pollos) que utilizan antibióticos, hormonas y otros estimulantes químicos. Todo agrotóxico es un químico de guerra que tarde o temprano regresa en forma de enfermedades. Por ello urge la inmediata supresión de decenas de plaguicidas, comenzando por el glifosato, el veneno más peligroso del mundo, una ley que declare al país libre de cultivos transgénicos, no sólo el maíz, sino la soya y el algodón, la creación de mercados cortos, orgánicos y solidarios de alimentos que fomenten la autosuficiencia local, municipal y regional (ya hay en el país más de 100 tianguis ecológicos) y el estímulo a cooperativas que hagan llegar alimentos sanos a los consumidores urbanos, además de un etiquetado riguroso. Los problemas de obesidad, cáncer, cardiopatías y diabetes proceden de una industria alimentaria que domina toda la cadena productiva e incluye a los mayores consorcios productores de harinas de maíz y trigo (Gruma, Bimbo, Kellog’s), de carne, pollo y huevo (Sukarne, Granjas Carroll, Kekén, Bachoco y Pilgrim’s), y de semillas, agroquímicos, pesticidas y transgénicos (Bayer, Syngenta y Corteva, la fusión de Dow, Dupont y Pioneer). ¡Ya es hora de que el Estado tome en sus manos la alimentación de los mexicanos!

Un segundo tema es la transición de energías fósiles a energías renovables. Una cosa es transitarla bajo el modelo privado/estatal basado en empresas del Estado y corporaciones privadas, lo cual refuerza el control centralizado y vertical, y otra es la vía estatal/societaria donde el “ switch energético” va quedando en manos de la sociedad y sus redes: manejo de energía so­lar, eólica e hidraúlica a pequeña escala y con dispositivos accesibles y baratos para hogares, manzanas, edificios, barrios, comunidades, municipios. Eso se llama democracia energética. Obnubilados con el petróleo, aun cuando éste se agotará en seis años, no hay a la fecha ningún proceso activo de transición hacia energías renovables en México. Lo anterior hará que el país no cumpla con sus compromisos con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Durante la transición, Pemex se deberá convertir en Solmex y las gasolineras en estaciones eléctricas. Tendrá que crearse una empresa estatal o público-privada de automotores eléctricos, aprovechando la abundancia de litio, el cual se debe considerar estratégico. Igualmente se deben formar miles de cooperativas rurales productoras de energía renovable, creando igual número de empleos verdes. Así, se integrará una red de energía descentralizada de prosumidores, es decir, de consumidores que producen su propia energía.