Gilberto López y Rivas

Ha sido significativo, en plena pandemia, que 174 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre ellos 10 profesores eméritos, hicieran público su enérgico rechazo a la pretensión de suspender contrataciones de personal de investigación por Capítulo 3000 (honorarios), reducir drásticamente fondos para la misma e impedir concursos de oposición de plazas vacantes en su institución, que cumple ya 81 años. Luego de afirmar que la investigación en ciencias antropológicas e históricas no es una ocurrencia, y reconocer la contingencia por el Covid-19, sus consecuencias económicas, y la necesidad de orientar el gasto público, consideran, no obstante, que los problemas no se resuelven creando otros igualmente graves, ni vulnerando tareas sustantivas del Estado. Exigen que la secretaria de Cultura y el director general del INAH apliquen criterios consecuentes con su obligación legal de defender la institución, proteger sus áreas sustantivas y racionalizar el gasto, y no plegarse incondicionalmente a criterios que parten del desconocimiento del instituto y sus prioridades. Demandan trasparentar el manejo discrecional de la austeridad por parte de la alta burocracia del INAH, hecho a costa de sus funciones sustantivas y señalan que el futuro de la institución está en juego: es momento de sumar esfuerzos para que salga fortalecido y continúe con la tarea de investigar, conservar, defender y promover la riqueza histórica y cultural de nuestro país (El Correo Ilustrado, 20/4/20).

Esta protesta fundada coincide con denuncias en diversos sectores de la cultura y el arte situados en la indefensión, en momentos tan críticos como los que hoy se viven en el ámbito planetario. También, las alarmas han sonado en diversas dependencias del gobierno federal identificadas como prescindibles, y muchas de las cuales desaparecerán por el decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, para ajustarse a los criterios, discrecionalmente aplicados, de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, que fundamentan estas políticas.

El decreto pospone las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas que la persona del Ejecutivo federal estima prioritarios, entre los cuales, además de los conocidos programas asistenciales, individualizados y clientelares, se encuentran los controvertidos megaproyectos, declarados por el Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, EZLN, y numerosas organizaciones comunitarias, regionales, sociales, gremiales, académicas y de investigación social, como una virtual declaración de guerra contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y poblaciones urbanas que van a ser, y están siendo afectadas por los megaproyectos Sembrando Vida, Tren Maya, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Proyecto Integral Morelos (por la vía de la modernización de plantas e hidroeléctricas), además de las zonas libres en la frontera norte y la reiterada apuesta por el petróleo, con el plan de rehabilitación de seis refinerías y la construcción de otra en Dos Bocas, pese a las moralejas sobre el cambio climático que está dejando la pandemia en el ámbito mundial, y no obstante la crisis multifactorial, cercana al colapso, que aqueja al capitalismo en su totalidad.

El decreto no deja lugar a dudas en cuanto a la jerarquización de recursos a distribuir por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo artículo VII especifica: tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.

Priorizar en esta emergencia sanitaria ante el Covid-19 a la Secretaría de Salud es una medida de evidente y urgente necesidad para salvar el mayor número de vidas humanas, pero equiparar la salud con lo destinado a las fuerzas armadas resulta no sólo ofensivo, sino injustificable, sobre todo en un contexto en el que, pese a la emergencia, los problemas de seguridad pública se hacen aún más evidentes, con un promedio constante de homicidios dolosos diarios que ronda la centena, siendo ya el 20 de abril, en plena fase tres, el día más violento de lo que va del año en muertes del crimen organizado.