De acuerdo con datos del Banco de México y de diversos analistas privados, durante marzo pasado inversionistas extranjeros sacaron del país 166 mil 540 mi-llones de pesos al deshacerse de títulos de deuda gubernamental. Se trata de la mayor venta de estos valores por parte de inversionistas foráneos desde agosto de 2016. Como dio a conocer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, México no es la única economía que enfrenta salidas masivas de capitales, ya que en semanas recientes las naciones con economías emergentes han experimentado fugas por 95 mil millones de dólares.

Este fenómeno responde, por una parte, al pánico generado entre los dueños de capitales por los efectos económicos, tanto actuales como previstos, de la pandemia viral en curso; como sucede de manera puntual cada vez que un evento causa incertidumbre acerca del futuro inmediato de la economía, los inversionistas se lanzan en estampida a la busca de los denominados valores refugio, si bien en la coyuntura actual dicha búsqueda podría resultar infructuosa. Por otro lado, estas fugas reflejan la puesta en marcha de los que pueden clasificarse como capitales buitres, es decir, de quienes usan las oportunidades que el sistema económico vigente provee para especular y maximizar la rentabilidad en momentos de emergencia, incluso si con su sed de ganancias empeoran la situación de quienes padecen una tragedia.

En resumen, las sociedades del planeta encaran un sombrío panorama, en el que los ineludibles daños económicos de la pandemia y de las medidas tomadas para frenar su propagación se conjugan con el nocivo egoísmo de grandes actores financieros. En este contexto resulta obligado plantear la suspensión de los pagos de la deuda externa no sólo de las naciones más pobres, como la acordada por el G20 el pasado miércoles, sino también de los estados con economías intermedias, como las de Argentina, Brasil, India, Indonesia, México, Nigeria, Tailandia y Turquía.

La moratoria planteada responde a la evidente necesidad de que los recursos destinados al pago de intereses y capitales se dirijan a la atención sanitaria, pero también a que la crisis económica venidera impedirá en los hechos el pago de la deuda; además, negar a estas naciones un programa efectivo de alivio prolongaría y profundizaría los estragos de esta crisis sobre todos los actores económicos, tanto públicos como privados.

Lo sensato, desde esta perspectiva, es impulsar un acuerdo mundial entre acreedores –sean institucionales o privados–, deudores y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para dar un respiro a las economías emergentes, enfrentar las escasez mundial de capitales y facilitar la superación de una crisis cuyo incremento se prevé escalofriante.