Magdalena Gómez

El coronavirus está mostrando en América Latina que pese a las conquistas de derechos logrados con las luchas de los pueblos indígenas, los estados de la región no los respetan integralmente. En esta crisis, diversos organismos específicos de la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano han colocado la mira en los pueblos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ­(CIDH) adoptó una resolución que llama al pleno respeto, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas; pide una atención especial a la población vulnerable donde incluye a los pueblos indígenas y a quienes viven en extrema pobreza (10/4/20). Lamentable y crudo sinónimo para el caso de los pueblos.

El Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) enfatizó el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para proteger su salud y vida. También lo hizo la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), quien sugirió que se tomen en cuenta las estructuras de organización de las comunidades de los pueblos indígenas. Es un hecho, las experiencias de autonomía y libre determinación en la mayoría de los países son producto de la organización de los pueblos, a contrapelo de las políticas neoliberales y extractivistas imperantes. México no es la ­excepción, ya hemos analizado cómo el eje del neoindigenismo de la llamada Cuarta Transformación ignora la participación de los pueblos como sujetos de derecho y focaliza a las personas indígenas como receptoras de los diversos programas oficiales, que en su mayoría se traducen en becas y apoyos económicos.

La pandemia y su potencial destructivo enfrenta la precariedad del sistema de salud, ciertamente heredada. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas no hay consideración específica ni programas de emergencia para tomar contacto con los pueblos y comunidades. La única acción que se impulsa, de parte oficial, es la difusión en algunas lenguas indígenas sobre las medidas recomendadas en materia de salud.

El EZLN decretó, el pasado 16 de marzo, la alerta roja y cierre total de los caracoles y todas sus instancias organizativas de forma inmediata, atender medidas de higiene extraordinarias y llamó a no detener la lucha en defensa de los territorios, contra el feminicidio y las desapariciones forzadas.

Desde diversas organizaciones indí­genas plantean la pregunta: ¿cómo po­demos lavarnos las manos o disponer de las mínimas recomendaciones que indican autoridades y OMS, si carecemos de jabón y gel antibacterial, y a veces ni agua llega? En varias regiones del país están recurriendo al aislamiento y cierre de municipios y comunidades para el libre tránsito de personas ajenas. Peor aún, están impidiendo el paso a integrantes de las mismas que pretenden regresar. Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Concejo del gobierno comunitario de Chilón, Chiapas, cuestionó al gobierno mediante un video: “No han dicho qué hacer o nos han dado los protocolos a seguir si alguien en las comunidades enferma, y agregó: el peligro de contagio que hay en las comunidades viene de los migrantes que estaban trabajando en zonas turísticas, como Playa del Carmen, Cancún; y también en las zonas agrícolas como Sonora y Tijuana, que se fueron a trabajar para traerles dinero a sus familias, se están regresando y entrando a sus comunidades, y ponen en riesgo la vida de sus familias, y sobre todo, a toda la comunidad.

Ante ello, algunas comunidades han determinado poner en cuarentena a los migrantes que retornan. Por su parte, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta señaló la falta de acceso a instalaciones de salud adecuadas, médicos especializados, medicinas e insumos básicos. Recordemos el contexto de lejanía que existe entre nuestras comunidades en relación con las cabeceras municipales próximas. En suma, las comunidades están aplicando medidas para prevenir el contagio. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a 60 autoridades comunales, así lo informó. Los indígenas kumiai acumularon víveres y decidieron que nadie podía salir o entrar en las próximas semanas en una localidad de 350 habitantes a unos 50 kilómetros de Ensenada; por su parte, el ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, ordenó la prohibición del paso a vecinos de los municipios del sur mexiquense. En la misma lógica el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), se replegaron en las comunidades para la defensa frente a la muerte que hoy representa esta pandemia como lo fue hace 528 años, cuando cayó la ciudad Tenochtitlan y la enfermedad que trajeron los españoles a nuestros pueblos ­mesoamericanos.

El panorama mundial es muy grave, en el caso indígena tenemos que en América Latina hay autodefensa comunitaria, con el Estado de espaldas. Nada nuevo.