Bernardo Bátiz V.

La pandemia cambió intempestivamente nuestra vidas; aquí en México y en medio mundo. Es una realidad dañina y, para evitar su propagación, se paraliza todo; se detienen las actividades cotidianas, la economía de los países, la educación de niños y de jóvenes, los negocios, la producción, el comercio. Algunos, quizá, superada la crisis, podrán retomar su vida habitual y muchos recuperarán lo que perdieron o lo que dejaron de ganar; pero otros muchos, los más, difícilmente podrán hacerlo. Ahora, la pandemia exige nuestro cuidado personal y nuestra solidaridad, pero también exigirá un gran esfuerzo posterior, encaminado a paliar los efectos en los más pobres, tendremos que recordar entonces los principios básicos de la justicia social.

Es un fenómeno de la biología, de la salud pública y de la medicina, tanto preventiva como curativa. Sin embargo, tiene repercusiones en todo y tenemos que ver el asunto desde otros puntos de vista. Me interesan el aspecto político y el jurídico, en especial este último. ¿Quién o quiénes pueden tomar las decisiones para evitar contagios y para prevenir un desastre mayúsculo y qué derechos individuales deben suprimirse o posponerse en aras del interés colectivo superior que es la salud?

Se trata de un conflicto de libertades que debe ser resuelto con base en la ley, pues nos encontramos en un estado de derecho y no se pueden tomar decisiones sin fundamento legal. Es un principio aceptado que las autoridades no pueden hacer sino aquello que expresamente autorizan las leyes. En México, el Consejo de Salubridad General asumió la responsabilidad y expidió un acuerdo con las medidas que consideró necesarias, pero ya antes autoridades locales, federales, algunos particulares habían tomado sus propias medidas.

La fracción 16 del artículo 73 constitucional establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República y que en caso de epidemia de carácter grave o de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación, y yo agrego la facultad, de dictar medidas preventivas e indispensables; se dice también que las disposiciones que en estos casos dicte la autoridad sanitaria, serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Esa obligación de obedecer, justificada por la emergencia, es clara y también debe entenderse que pueden suspenderse o limitarse otros derechos, como los de reunión, libre tránsito, educación y algunos más en aras del derecho a la salud. Jurídicamente se trata de un asunto resuelto en nuestras leyes y apoyado por la prudencia y el sentido común con lo que ha hecho el Poder Ejecutivo federal.

Pero hay lagunas legales y hay abusos de carácter político; a veces también de­bates ociosos que toman de pretexto la desgracia colectiva para atacar al Presidente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que las medidas oportunas tomadas en México son las correctas; la llamada fase dos que exige mayores cuidados y restricciones, se declaró con unos días de anticipación y no en forma apresurada e irreflexiva como lo exigían algunos críticos contumaces.

Se tuvo la prudencia de no evitar un clima de temor generalizado que hubiera provocado tensiones y miedos inducidos que nada bueno hubieran traído; el titular del Ejecutivo hizo muy bien en llamar a la calma y en lograr con ello que los efectos negativos en la economía en general y en la economía popular en especial, se retardaran y se pudieran tomar providencias para resistir lo más difícil por venir. Los críticos, siguiendo su estrategia de buscar errores o fallas reales o inventadas, se lanzaron a señalar que esas medidas de calma y mesura, no estaban sustentadas y llegaron al extremo de ansiar que se empezaran a contar las muertes de enfermos, para justificar sus ataques. La realidad y la opinión de la OMS le dieron la razón al Presidente.

Habrá que enfrentar ahora un punto importante de carácter político, aunque de otra índole. Si la contingencia se prolonga varios meses, el Consejo de Salubridad General o alguna otra autoridad, ¿podría ordenar que se suspendan las elecciones, por ejemplo, en el estado de Coahuila, que ya las tiene cercanas?

Los actuales diputados de un congreso local, fueron electos para un periodo de tres años; su función termina un día fijo; ¿estaremos en riesgo de que alguna entidad de la Federación se quede sin Poder Legislativo? El asunto tiene que pensarse muy bien y nuestros constitucionalistas, que los hay brillantes, tendrían que opinar.

La consecuencias políticas de la pandemia son, como se ve, diversas; por una parte, el uso irresponsable de la desgracia común para denigrar y responsabilizar precisamente a quien ha tomado las medidas indicadas por la ciencia médica; por otra, nos plantea situaciones extremas que tienen que analizarse bien y resolverse; y si hay lagunas en la ley, con criterios basados en los principios generales del derecho.