Ana María Aragonés

El coronavirus está afectando prácticamente a todos los países, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a decretar la pandemia. No sólo resultan trágicas las muertes por este mal, sino que al multiplicarse están poniendo en entredicho la infraestructura hospitalaria de los países al verse rebasados y con enormes dificultades para atender a todos los enfermos que lo requieren. Los efectos económicos son y serán enormes ante la necesidad del confinamiento para detener el contagio, con efectos graves sobre la producción mundial y las diferentes empresas. Se esperaría de éstas que ejercieran conciencia social para evitar que la separación temporal de los trabajadores tuviera compensaciones que les permitiera seguir sosteniendo a sus familias, al mismo tiempo evitaría una total parálisis. No debe repetirse la decisión de empresas mexicanas como Alsea, que obliga voluntariamente a sus trabajadores que se retiren por 30 días, ¡pero sin salario! Una ruindad que las autoridades correspondientes deben impedir.

La pandemia se produce en un momento de profunda desigualdad económica y social. Habría que recordar que la crisis de 2008 fue una llamada de atención sobre un modelo económico que después de casi tres décadas claramente se volvía insostenible. Afectaba a la mayor parte de la población al incrementar su pobreza y enriqueciendo a los muy pocos. A todo ello contribuyeron las muy cuestionables privatizaciones del sector salud, de la educación, de los transportes, además de flexibilizar y desregularse las relaciones laborales, una de cuyas consecuencias fue la enorme desprotección laboral, empleos precarios y un peligroso incremento del llamado trabajo informal. Ello se convirtió en el caldo de cultivo de los enormes flujos migratorios que caracterizaron esta etapa del capitalismo y que resultaron muy funcionales para los países destino por su enorme vulnerabilidad.

Es importante recordar que la globalización instrumentada a partir de los años 80 liberaba los flujos de mercancías y capitales, pero los movimientos de personas se obstaculizaron; tuvieron que enfrentar refuerzos policiales y en ocasiones la militarización de muchas fronteras. Por la vía de los hechos esos trabajadores se incorporaron a las economías de los países de destino bajo figuras, tales como ilegales, clandestinos, irregulares, sin papeles, indocumentados, cuya característica fue su vulnerabilidad, perfecta estrategia que permitió hacer grandes fortunas a costa de una enorme desprotección laboral.

Los trabajadores han sufrido las mayores ofensivas del sistema y entre ellos los migrantes son los más desprotegidos; en este sentido, no es extraño que los organismos internacionales estén manifestando enorme preocupación y urgen a los países a tratarlos con dignidad y respeto y evitar su hacinamiento, ofrecer condiciones de higiene mínimas, con especial atención a los niños y jóvenes, así como a embarazadas y personas mayores. En Estados Unidos vive un importante número de mexicanos indocumentados cuyas condiciones son ahora muy complicadas, debido a las políticas antinmigrantes de Washington. No hay que olvidar que desde la crisis de 2008 vivieron las inhumanas deportaciones con Barack Obama, reforzadas con la puesta en marcha de un discurso racista, xenófobo, de Donald Trump. Por ello tienen temor de salir de sus casas aun cuando necesiten ver a un doctor. Lamentablemente su vida en ese país ha transcurrido sin derecho a la asistencia social ni al seguro de desempleo. En México los migrantes enfrentan problemas, como el hacinamiento en los albergues, la higiene es muy cuestionable y hay una enorme lentitud para avanzar en su situación legal. Por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho una importante recomendación a las instancias correspondientes de que la protección de la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos y debe ser entendido como la posibilidad de las personas de disfrutar de facilidades, bienes, servicios así como condiciones necesarias para alcanzar su bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Es una obviedad decir que el mundo enfrenta momentos de graves dificultades, pero la superación del grave problema no pasa por el cierre de fronteras, ni por el proteccionismo que, como pasó en 1929 fueron estrategias que profundizaron la crisis, pasa por la colaboración y la solidaridad entre los países y por avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad y la inclusión social, como señala la directora de la Cepal, Alicia Bárcena.

Esto es, construir un modelo que ponga la equidad en el centro de una nueva agenda de desarrollo, cuyas políticas públicas estén en línea directa con el bienestar de la población para que los trabajadores estén en posibilidad de enfrentar y superar las restricciones del propio sistema capitalista y abatir así la migración por necesidad.