Iván Restrepo

Justo hace un año comenzó en las costas de Quinta Roo y Yucatán la arribazón masiva de sargazo. La esperaban para abril y llegó los cuatro meses siguientes en cantidades cada vez mayores. Se dijo entonces que se debía al cambio de corrientes oceánicas, las tormentas más intensas y el incremento de la temperatura del mar por el calentamiento del planeta. Ello ocasionaba el crecimiento anormal de ciertas especies marinas, como el alga que conforma el sargazo.

Esa temprana arribazón activó a los hoteleros y a las actividades que dependen del turismo, a la población costera que vive de la pesca y a los funcionarios responsables de resolver un problema que adquirió toda su dimensión en 2015. El sexenio anterior se distinguió precisamente por no tomar las medidas adecuadas para evitar lo peor.

La actual administración reaccionó ante el problema descoordinadamente y con numerosas contradicciones. Hubo numerosas reuniones con expertos, representantes de las actividades afectadas por la presencia del alga y de las empresas que aseguran saber cómo evitar su arribo y, en su caso, deponerla en lugar adecuado. O utilizarla en diversos procesos productivos. Hasta se efectuó una reunión internacional en Cancún con enviados de los 19 países del Caribe que tienen el mismo problema a fin de establecer una estrategia común.

Cuando el sargazo era noticia mundial, el presidente López Obrador acordó que fuera la Secretaría de Marina (Semar) la responsable de enfrentar la emergencia. Aseguró que ella tenía todo lo necesario para realizar esa tarea con éxito. Y que se buscaría con las instancias técnicas, académicas, el sector empresarial y las autoridades locales, las soluciones más adecuadas. Antes, el gobierno federal había creado una comisión interinstitucional presidida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su misión: atender la emergencia ambiental, económica y social que originaba el arribo del alga. Esa comisión planteó la urgencia de detectar oportunamente las zonas o playas propensas al impacto de acumulación extrema de sargazo, identificar su trayectoria para realizar acciones de contención y recolección desde el mar y mitigar su impacto en los ecosistemas; establecer programas de remediación de los daños ocasionados y aprovecharlo ­sustentablemente.

Como desde agosto pasado el sargazo dejó de ser noticia, cabe preguntar por las líneas de acción establecidas por la Semar y otras dependencias oficiales y organismos privados para evitar que, cuando regrese, se convierta nuevamente en pesadilla. Ahora las playas de Quintana Roo y Yucatán lucen en todo su esplendor. Desde diciembre llegan a la Riviera Maya y Cancún cientos de miles de visitantes, a tal grado que el aeropuerto de esta ciudad es el de mayor movimiento en el país. Fallaron los pronósticos de que el alga ahuyentaría visitantes. En cambio sigue la inseguridad y el crecimiento anárquico de la hotelería y los negocios vinculados a ella, al faltar un plan de desarrollo urbano y rural ­sostenible.

Nos olvidamos del sargazo y también de los incendios que se iniciaron en septiembre pasado en Australia y que mataron decenas de personas, aislaron a poblados enteros, acabaron con cerca de 11 millones de hectáreas de bosques y pastos y más de mil millones de animales. Australia tiene tres veces más extensión territorial que México y sólo una quinta parte de nuestra población. Pero alberga un invaluable tesoro natural. Hoy su fauna y flora, sus pobladores originarios, su medio ambiente, no se reponen de la tragedia, en buena parte debida a las instancias gubernamentales, pues no tomaron las decisiones adecuadas para prevenir el desastre. Un balance de lo ocurrido lo ofrece ahora el suplemento La Jornada Ecológica, que se puede consultar en: http://ecologica.jornada.com.mx.

Antes que en Australia, el fuego destruyó 2 millones de hectáreas en Rusia y afectó a diversos países de África. También a California, sede de la economía más próspera de Estados Unidos. Este año se esperan en México numerosos incendios por condiciones climáticas especiales. ¿Están el sector público y la población preparados para evitarlos?