José Steinsleger

En el primer encuentro con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, el presidente Alberto Fernández les dijo con palabras que evocaban las de Néstor Kirchner en 2003: “Para luchadores de su talla, la Casa Rosada siempre estará abierta. No necesitan pedir audiencia […]”.

Agregó: “Es un honor recibirlas, y me siento una hormiga frente a ustedes porque son inmensas […]. Siempre voy a recibirlas porque prestigian esta casa y prestigian a la Argentina”. Y en clara alusión a su antecesor: Si alguna vez alguien les cerró la puerta, fue un canalla.

La causa de los derechos humanos ha vuelto por sus fueros en la política argentina. V.gr.: si en la secretaría del ramo Mauricio Macri tenía un funcionario insensible y demasiado amistoso con la extrema derecha israelí (Claudio Avruj), el nuevo titular se llama Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos.

Idem con Eduardo Wado de Pedro (ministro del Interior), Juan Cabandié (Medio Ambiente), o Victoria Donda (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Inadi). Mientras que la designación de Elizabeth Gómez Alcorta al frente del nuevo Ministerio de Equidad y Género, fue vista como un reconocimiento a su tenaz defensa de Milagro Sala, líder de la organización social de Jujuy, Tupac Amaru.

De Milagro hablamos hace exactamente cuatro años, cuando fue detenida por orden del gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales (aliado de Macri), tras ser acusada de instigación de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de gobierno (https://www.jornada.com.mx/ 2016/01/27/opinion/017a1pol). Aunque en aquella causa fue excarcelada, Milagro nunca recuperó la libertad. Y a partir de ahí, se acumularon otros procesos en su contra, en un entramado de acusaciones consecutivas para privarla de libertad por tiempo indefinido.

Sensible al calvario al que fue sometida por Morales y los jueces de Jujuy, Alberto Fernández la visitó en el penal a finales de 2016. Y allí constató que la dirigente se había convertido, según dijo más tarde, en la primera víctima de un sistema que después iba a terminar encarcelando preventivamente a todos los opositores.

En febrero de 2017, el periodista Horacio Verbitski (quien al frente del prestigiado Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) siguió paso a paso su causa), le escribió una carta abierta al gobernador, señalando: El catálogo de perversiones que usted y los suyos volcaron sobre esa mujer y su organización no tiene parangón en las tres décadas de democracia argentina.

En su larga misiva, Verbitski agregó que el gobernador había consentido sin aplicar sanciones, que apalearan en la cárcel a uno de los colaboradores de Milagro Sala que no aceptó acusarla, y que mataran por estrangulamiento en su celda al sobrino de 21 años de ese hombre.

En julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado que adoptara medidas alternativas al encarcelamiento. El Estado incumplió la decisión y recién en noviembre consintió en otorgarle el arresto domiciliario. Pero Milagro fue trasladada a una casa alejada, bajo las mismas condiciones infrahumanas de detención.

En enero de 2018, a punto de cumplirse el plazo máximo de dos años para mantener a una persona en prisión preventiva, la justicia resolvió una prórroga extraordinaria de esa medida privativa de la libertad, por un año más. Y en agosto, de manera intempestiva, un juez ordenó el traslado inmediato de Milagro a otra cárcel federal, en la provincia lindante de Salta.

Finalmente, en diciembre, Milagro fue absuelta de una las causas inventadas (para cometer un homicidio). Pero el 14 de enero de 2019 fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión. Causa que su abogada (la hoy ministro Gómez Alcorta), estimó que llevaba 13 años de prescrita, desarchivada delictivamente, y declarada nula por prescripción.

Previamente, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales había escrito en un tuit: Nuestra solidaridad con la hermana Milagro Sala, quien ha sido condenada injustamente a 13 años de cárcel, por luchar por una mejor vida para los pobres y para los indígenas de su país. Y a modo de prueba del odio inducido por los medios de comunicación, alineados con la justicia, el periodista Eduardo Feinmann le respondió en su programa de televisión: Llévela a robar a Bolivia. Se la regalamos.

En mayo de 2019, el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguró que “los responsables de esta condena son verdaderos verdugos, hijos directos del terrorismo de Estado […]. No existen reglas, ni normas de fondo, ni procedimientos válidos de los que valerse […].”

En la actualidad, Milagro está bajo arresto domiciliario. Pero a diferencia de los genocidas condenados de la dictadura cívico-militar, tiene seis policías de civil en la puerta, ocho en las esquinas y otros detrás de su casa.

Caso emblemático de persecución judicial ( lawfare) y criminalización de la protesta social, el caso Milagro Sala empieza a ser un serio desafío para el gobierno de Alberto Fernández, en un país donde los movimientos de las mujeres ya son, a escala mundial, referente de todas sus luchas.