Abel Barrera Hernández*

El 27 de diciembre, cuando varias familias desplazadas sepultaban a doña Lucía Trujillo Guzmán en Chichihualco, Guerrero, un grupo del cartel de la Sierra incursionaba en el Carrizal. Al amanecer del 28 otro grupo armado, apostado en el cerro, iniciaba una balacera contra habitantes de El Naranjo, la comunidad más cercana a Chichihualco. Más de ocho horas duró la refriega, dejando como saldo varios heridos y el asesinato del menor Isair López Salgado, quien fue alcanzado por las balas cuando huía con varias niñas y señoras.

Estas acciones delincuenciales son recurrentes en la mayoría de los municipios serranos, que se ubican en las regiones de la Tierra Caliente, Costa Grande, Norte y centro del estado. El caso más conocido de desplazamiento interno forzado masivo lo registró el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa. Ellas y ellos han tenido el valor de acompañarlos desde el 11 de noviembre de 2018, cuando alrededor de mil 600 familias de los Morros, Campo de Aviación, Isotepec, Corralitos, El Carrizal, La Escalera y Filo de Caballos emprendieron la huida hacia Chichihualco, ante la toma armada que hicieron grupos delincuenciales de sus territorios. En sus incursiones violentas, se meten a las casas y se llevan a los hombres para incorporarlos a sus filas, mientas las mujeres son ultrajadas y obligadas a prepararles alimentos.

La disputa territorial en el macizo de la sierra sureña ha sido sórdida. La ley se dirime en las refriegas cotidianas que se dan entre las organizaciones criminales que se asientan en sitios estratégicos para mantener su dominio. Los presidentes municipales y los policías están supeditados al poder real impuesto por los jefes de la sierra. La férrea disputa por la siembra, el trasiego y la comercialización de drogas se mezclan con los intereses económicos de empresas mineras. Carrizalillo y Media Luna nos muestran el tamaño de la catástrofe ambiental y comunitaria que conlleva un alto costo de vidas humanas, desplazamientos forzosos masivos y un grave riesgo para sobrevivir bajo la metralla.

Este modelo depredador ha urdido los intereses macroeconómicos de las trasnacionales con los intereses funestos de la delincuencia organizada. Los grupos armados son ungidos como guardianes del gran capital, los que cuentan con licencia para matar y tomar por asalto a las poblaciones que se niegan a enrolarse en actividades ilícitas.

Se da una connivencia perversa empeñada en despojar a las comunidades de sus territorios, en desplazarlas a punta de bala. Existe un gran número de familias desplazadas de los municipios de San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Coyuca de Catalán, General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Eduardo Neri, Pungarabato (Ciudad Altamirano) y Leonardo Bravo, que se han refugiado en Chilpancingo, Cuernavaca, Zihuatanejo y Acapulco.

Las familias desplazadas de Chichihualco cobraron notoriedad por el plantón de 40 días que realizaron en la entrada del Palacio Nacional. Después de varias reuniones con autoridades de la Secretaria de Gobernación se acordó el retorno temporal a la cabecera municipal de Leonardo Bravo. Su estancia ha enfrentado múltiples obstáculos, no sólo por la falta de apoyo para la compra de la canasta básica y renta de viviendas, sino por la estigmatización que sufren, por parte de diversos funcionarios del estado, quienes señalan que pertenecen al crimen organizado.

El plan para el retorno de las familias ha fracasado. Se ha postergado dos veces, y no se vislumbra la posibilidad de regresar, ante las incursiones armadas. Las balaceras al amanecer que infunden miedo a los desplazados, no sólo porque les han informado de que algunas de sus viviendas ya están ocupadas, sino porque varias fueron quemadas. A pesar de tantas adversidades y de los signos ominosos de la violencia que cada mañana anuncian la muerte, las familias campesinas se aferran a su terruño, pelean por el derecho a retornar a sus hogares, a trabajar en sus parcelas y a rencontrarse con sus familiares dispersos.

En muchas comunidades serranas están lejos de alcanzar la paz. No hay posibilidad de que los actores armados se replieguen, al contrario éstos proliferan.

El 28 de diciembre, al filo de las tres de la tarde, subió un convoy con elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Unidad de Fuerzas Especiales de la policía del estado, a la comunidad de El Naranjo. Su presencia ostentosa generó expectativas entre las familias desplazadas. Creyeron que su llegada sería para establecerse en los tres puntos estratégicos acordados con el gobierno federal. Todo quedó trunco porque sólo subieron para replegar a los armados.

Esto generó fricciones entre los desplazados y los mandos de la policía del estado. Pedían que no se retiraran, porque su presencia efímera, sólo alentaría la confrontación; era como picar un avispero. No hubo entendimiento, usaron las armas para amedrentar a la población. No sólo agredieron algunas personas mayores, también a compañeras defensoras de derechos humanos y a periodistas. El director del Centro Morelos, Manuel Olivares, por abanderar los reclamos de las personas desplazadas, fue retenido y despojado de su celular, equipo de cómputo y documentos relacionados con el caso. La defensora Teodomira Rosales fue sometida a golpes y encañonada por una mujer policía. Se abalanzaron contra los periodistas para impedir que registraran sus fechorías.

La lucha de familias desplazadas se tornó más peligrosa porque saben que los delincuentes seguirán incursionando en sus comunidades. El peligro es mayor porque las autoridades han sido incapaces de contener la violencia y garantizar un retorno seguro. En tanto, la llegada del nuevo año fue recibida con metralla en los cerros. Es un mal augurio.