El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunirán hoy con William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, quien arribó ayer a México para abordar cuestiones de seguridad. El fiscal general estadunidense también sostendrá conversaciones con su homólogo Alejandro Gertz Manero y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita enmarcada de manera inevitable por la intención del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de organizaciones terroristas elaborada por su país.

Si se considera que el titular del Ejecutivo se pronunció ayer en contra del regreso de las políticas de seguridad supeditadas a Washing-ton, y que el martes el canciller hizo lo propio con respecto a la pretensión de Trump de convertir la compleja problemática del narcotráfico en una cruzada antiterrorista, parece claro que el encuentro de hoy ocurre entre posturas confrontadas.

Como se ha sostenido en este espacio, la amenaza del político republicano supone un disparate y una perversidad: más allá de las distintas definiciones de terrorismo que pueda haber en juego, el incluir en esta categoría a los grupos mexicanos del crimen organizado conlleva graves amenazas para el país.

No debe olvidarse que esa clasificación por parte de Washington para cualquier grupo político o delictivo implica una inmediata desestabilización de la nación en la que opere, detona masivas violaciones a los derechos humanos, propicia el inicio o el recrudecimiento de conflictos armados y crea las condiciones para intervenir de manera violenta en otros países. Aunque el nefasto papel de Estados Unidos en Medio Oriente es bien conocido, también puede recordarse el más cercano caso colombiano, donde la declaratoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista constituyó uno de los mayores obstáculos para el logro de la paz, a la vez que sustentó la barbarie del paramilitarismo de ultraderecha.

Por otra parte, el dislate de Trump supone un intento de ocultar el preponderante rol de su país en el fenómeno de violencia que padece México. En este sentido, el tráfico de armas hacia el sur de su frontera es sin duda preocupante, pero dista mucho de ser la única vinculación causal entre Estados Unidos y el fortalecimento de la delincuencia organizada mexicana: el vasto mercado estadunidense es asimismo el principal cliente del narcotráfico mexicano (y latinoamericano) y de las redes de explotación sexual; asimismo, los circuitos financieros de Wall Street y el sector inmobiliario de plazas como Miami encabezan el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todo esto ocurre bajo la mirada del mismo gobierno que pretende imponer al resto de las naciones una estrategia de combate al narcotráfico que nunca ha implementado en su propio territorio, en el cual permanecen intactas las grandes estructuras de distribución de estupefacientes.

En suma, es fundamental que las autoridades mexicanas expongan a su visitante las realidades descritas, y que insten a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades en el tratamiento de sus ciudadanos adictos, el combate al lavado de dinero, el desmantelamiento de las redes de narcotráfico de su lado de la frontera y, por supuesto, la restricción del envío de armas a México. Asimismo, resulta imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos como víctima del narcotráfico latino, y poner en su justa dimensión los ingentes beneficios económicos y políticos que sus empresas, bancos, casas de bolsa y autoridades extraen de una actividad ilegal a la que oficialmente dicen oponerse.