León Bendesky

Los impuestos son una transferencia forzosa que hacen personas, empresas u organizaciones al gobierno y que no conllevan el pago por un bien, un servicio o beneficio específico. El carácter distintivo de los impuestos es, precisamente, que son obligatorios y no representan una correspondencia.

Un impuesto, o tributo, como lo dice el diccionario, es una obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas.

Así, los impuestos son requeridos para generar ingresos y financiar el gasto del gobierno, y derivado de eso surge como una condición necesaria, pero no suficiente, para redistribuir el ingreso.

Una manera de ver los impuestos es que la recaudación es un medio para que un gobierno puede cumplir objetivos de carácter económico y social.

De manera esencial, entonces, pagamos impuestos porque tenemos gobiernos. Esta cuestión no es trivial, sino pone de manifiesto un complejo entramado de relaciones políticas, prácticas legislativas y administrativas, y también de expresiones de poder en una sociedad.

Las leyes fiscales están incrustadas en la estructura de un gobierno y penetran hondamente en la vida cotidiana de familias y empresas. Así ocurre con los gravámenes sobre los ingresos que se obtienen (ISR), sobre los gastos que se hacen (IVA) o los productos y servicios a los que el gobierno impone un impuesto expreso (IEPS).

De esto se desprenden las consideraciones acerca de qué hace el gobierno y cómo lo hace como elemento significativo del orden en la vida colectiva.

En el Congreso se debate acerca de la Ley de Ingresos y se preparan acomodos para cumplir con la recaudación prevista en 2020. Se pretende ajustar el superávit fiscal fijado originalmente en uno por ciento del PIB y rebajarlo a 0.5. Esta es una acción posible; sin embargo, repercute adversamente en las variables financieras y en los márgenes de maniobra en caso de no conseguir la recaudación prevista.

Una pauta que ha fijado el gobierno es no exceder en los gastos por encima de los ingresos. El dilema es que esa cantidad debe cubrir un cúmulo de acciones y puede no alcanzar.

Los ingresos del gobierno y del sector público están estrechamente asociados con el nivel de la actividad económica. Originalmente se había previsto una tasa de crecimiento del PIB de 2 por ciento el año entrante, pero la expectativa se ha reducido por ahora a 1.2 por ciento.

Los ajustes al presupuesto son un indicador fehaciente de la presión que hay para conseguir suficientes ingresos y repercute en las decisiones sobre la tributación. Otro ajuste que podría hacerse sería elevar el precio del petróleo, pero todos indican la misma carencia de recursos públicos.

Subir los impuestos no es opción, por los compromisos que ha hecho el gobierno. Puede recaudarse más por medio de las estructuras administrativas disponibles y otras dirigidas a ese propósito.

En este renglón está el SAT, para afinar los procesos de cobro y las medidas legales para forzar el pago de impuestos. Ahí está la reciente ley para eliminar las operaciones que se facturan, pero no se vinculan con transacciones reales. Se trata de un fraude y se ha catalogado como un acto criminal y penado con prisión preventiva. Abarca también el contrabando y la defraudación fiscal.

Aquí aparece un asunto relevante en materia fiscal, asociado con la capacidad de compeler el pago de los impuestos. La criminalización es una medida propuesta por la OCDE para combatir el crimen fiscal (2017) y que desarrolla mediante 10 principios.

El primero trata de asegurar que los delitos fiscales se criminalicen. Cada jurisdicción derivará distintas conclusiones de cuándo se sustenta la aplicación de la ley y que las provisiones definan los actos designados como criminales y sus sanciones.

No se pueden criminalizar todas las faltas u omisiones fiscales de la misma manera. En primer lugar, porque en el país más de la mitad de las transacciones se hacen de manera informal, no pagan impuestos. La presión fiscal se ejerce especialmente sobre los llamados contribuyentes cautivos, las personas y las empresas que están cada vez más fiscalizadas por el SAT.

Si el impuesto es una transferencia forzosa, no es exacto decir que quienes deben pagarlos sean contribuyentes. La sociedad tiene que encontrar un esquema que se componga de la capacidad efectiva y aceptada de coerción por parte del gobierno, junto con una mayor disposición de los ciudadanos para cumplir sus obligaciones fiscales. Esta última dependerá de las contrapartidas reales de la mayor tributación en cuanto a los servicios que presta el gobierno: salud, educación, seguridad y demás.

Finalmente, si el crecimiento de la actividad es muy reducido el año próximo, el conflicto que entrañan los impuestos será aún mayor.