1. R. Aída Hernández y Juan Illicachi*

Tras 12 días de movilizaciones sociales, el pasado 13 de octubre el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó el decreto 883, conocido como el paquetazo, que eliminaba el subsidio a la gasolina y promovía una serie de reformas que afectaban a los sectores más desprotegidos de la sociedad ecuatoriana. Desde el pasado 2 de octubre, un movimiento ciudadano amplio encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Federación de Indígenas Evangélicos de Ecuador (Feine), llamaron a una huelga nacional, tomando las calles de las principales ciudades del Ecuador. Esta movilización ciudadana se dio en respuesta a las medidas de austeridad decretadas por el presidente Moreno Garcés, siguiendo los lineamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condiciones para un nuevo préstamo por 4 mil 200 millones de dólares. La derogación del decreto 883 fue un triunfo de la coalición de organizaciones indígenas y populares, que mostraron en las últimas semanas la capacidad de resistencia que puede tener el pueblo organizado.

Pero el alto al subsidio de las gasolinas era sólo la punta del iceberg de una serie de reformas estructurales que están en el tintero de Moreno, que incluyen varios puntos que afectan de manera directa a los sectores más empobrecidos del país, y en específico a los territorios indígenas. Entre las recomendaciones del FMI está una reforma tributaria para hacer más favorable la inversión extranjera directa, reduciendo los impuestos de las empresas extranjeras, a la vez que se promueve la minería y la extracción de petróleo por empresas trasnacionales. Esta reforma respondería a las acciones exitosas de resistencia del movimiento indígena contra el extractivismo. La primavera pasada los habitantes de Girón, provincia de Azuay, dijeron no a la minería, para proteger la reserva natural Quimsacocha, afectando la empresa canadiense INV Metals. Mientras, las organizaciones indígenas de la región de Intag, en el norte de la provincia de Imbabura, declararon esa zona libre de minería y exigieron la salida de las compañías extractivistas. Ante la defensa de la vida y el territorio, los intereses del gran capital tratan de imponerse con la fuerza de la ley, sustentada en la violencia legitimada.

El presidente de seudoizquierda Lenín Moreno, quien había sido vicepresidente durante las dos gestiones de Rafael Correa (2007-09 y 2009-13), subestimó la capacidad de resistencia de los pueblos, al traicionar todas sus promesas de campaña e imponer el programa neoliberal, que el FMI ha querido establecer en el continente. Al estado de excepción declarado el 3 de octubre por el gobierno, que amplió los poderes militares y policiales para la represión, la Conaie respondió, declarando su propio estado de excepción, exigió el retiro de las fuerzas gubernamentales de sus comunidades y advirtió que serían sometidas a la justicia indígena en caso de violar sus jurisdicciones. Paralelamente, la articulación de fuerzas políticas, urbanas y rurales, aun la población evangélica, mostró el poder de convocatoria del movimiento indígena en Ecuador y obligó al gobierno a sentarse a negociar. Junto con la derogación del decreto 833, se acordó instalar una comisión formada por el gobierno y sectores sociales para hacer una propuesta que permita equilibrar la economía.

Sin embargo, está pendiente el balance de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante estos 12 días de movilizaciones. El gobierno respondió con toda la fuerza de su aparato represivo contra las manifestaciones pacíficas, pues según las cifras oficiales, sólo entre el 3 y 6 de octubre se detuvo a 485 manifestantes, y se reportó la muerte de cinco más, entre ellos un líder de la Conaie, de la provincia de Cotapaxi.

La crónica de los hechos del 11 de octubre, en los que estuvo presente uno de los autores de este texto, da muestra de la violencia que usó el gobierno contra el pueblo organizado, cuyas consecuencias aún se tienen que evaluar. En el noveno día de movilización: indígenas y mestizos, estudiantes y obreros, mujeres y hombres, viejos y jóvenes, del campo y la ciudad, marcharon pacíficamente hacia la Asamblea Nacional, y fueron atacados con bombas lacrimógenas por más de cuatro horas. Luego se hizo uso de las estrategias más deleznables para emboscar a los manifestantes y después de un rato de suspender los ataques, en medio de ríos de personas, que clamaban justicia, aparecieron tres vehículos con alimentos. Los presentes, hacían fila para tomar agua, pan, arroz y refrescos, y un descanso, después de horas de marchar y recibir agresiones. Nadie sabía de dónde habían llegado los alimentos, pero cerca de las 16:20, se escucharon los disparos de las bombas lacrimógenas, que tomaron por sorpresa a los manifestantes. La gente gritaba: ¡Nos traicionaron!, ¡Hicieron pausa hasta reabastecerse de municiones!, ¡No estamos armados, no nos ataquen! Surgen varias preguntas: ¿el espacio, se constituyó en el campo de ataque? ¿Se puede decir, un campo de concentración de ataque a la protesta? Lo que sí está claro, es que la policía y las fuerzas armadas ecuatorianas fueron usadas de manera infame y desmedida contra el pueblo, generando violencia y muerte. No se sabe la cifra exacta de heridos y detenidos, pero la misma oficina de la Defensoría del Pueblo informó que los hechos de esta semana han sido los más violentos de los últimos años.

Es lamentable que sean los gobiernos que llegan al poder con una supuesta agenda de izquierda, que se supone priorizaría las políticas de bienestar social, quienes impongan los megaproyectos extractivistas y de despojo a los pueblos indígenas, así como las reformas estructurales que afectan a los más pobres. El triunfo del movimiento popular ecuatoriano es ejemplo de lo que se puede lograr articulando alianzas y usando la resistencia civil pacífica. El gobierno mexicano haría bien en aprender de la realidad ecuatoriana, las consecuencias que puede tener el querer imponer sobre los pueblos, los proyectos extractivistas, que atentan contra la vida y el territorio.

* Investigadora de Ciesas y ex rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y dirigente kichwa de una organización de base de la Conaie.