Con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el Senado aprobó ayer la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, quien hasta ahora no ha explicado los motivos de la dimisión que presentó el jueves pasado al Presidente de la República; pero según el propio mandatario y Santiago Nieto, titular de la Unidad de InteligenciaFinanciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Medina Mora habría dejado el cargo para enfrentar las investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero y triangulación de recursos. De confirmarse lo anterior, se trataría del segundo ministro en la historia del país que deja el máximo tribunal por motivos penales.

Al margen de los delitos por los que se le indaga y cuya responsabilidad está por demostrarse, lo cierto es que Medina Mora arrastra un historial cuestionable –por decir lo menos–, negro en materia de derechos humanos y tráfico de influencias: carente de la carrera judicial que lo dotara de las credenciales apropiadas para formar parte de la SCJN, fue en cambio un empresario que cultivó estrechos nexos con la cúpula política desde los años 90. Se integró de manera formal a ella a partir del sexenio de Vicente Fox, quien lo nombró director del extinto Centro de Investigación y SeguridadNacional (Cisen), órgano ampliamente empleado para el espionaje político por las administraciones priistas y panistas.

En 2005 saltó de dicha posición a la primera línea del gabinete como secretario de Seguridad Pública, donde fue responsable directo de los actos de barbarie represiva dirigidos contra los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006 y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca desde julio de ese año; en ambos se han documentado los gravísimos atropellos en que incurrieron las fuerzas del Estado. Ya con Felipe Calderón en Los Pinos, Medina Mora se puso al frente de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) y formó –junto con el encargado de Seguridad Pública, Genaro García Luna– el brazo ejecutor de la catástrofe nacional que fue la guerra contra el narco declarada por el político panista. Como procurador fue cuando menos omiso ante la conjura conocida como Rápido y furioso, mediante la cual agencias de inteligencia estadunidenses traficaron hacia México armas de fuego que fueron utilizadas en crímenes mortales.

Asimismo, se destacó de manera negativa por su uso faccioso de las instancias judiciales, como fue notorio en casos como el denominado michoacanazo–episodio en el que decenas de alcaldes fueron detenidos por acusaciones de narcotráfico y después liberados ante la falta de evidencias– o el carpetazo a las investigaciones por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y ejercicio indebido de atribuciones contra el ex gobernador del estado de México Arturo Montiel, tío de su sucesor y luego presidente, Enrique Peña Nieto.

En el sexenio de este último, Medina Mora pasó del ámbito policial al diplomático al ser designado embajador en Washington y luego en Londres. Al representar a uno de los gobiernos más entreguistas de la historia nacional, su actuación en la capital estadunidense no hizo sino confirmar el nefasto papel en el manejo de la soberanía nacional que ya había desempeñado en el caso Rápido y furioso,.

Por todo lo expuesto y por otros episodios que lo mostraban como un personaje más comprometido con los grupos de poder, de los que formó parte, que con el servicio público, el empecinamiento de Peña Nieto por colocarlo en el máximo tribunal en 2015 causó alboroto, pues fue percibido como un escandaloso pago de favores e impugnado por una multitud de voces políticas y sociales.

Las autoridades actuales tienen el desafío de investigar y esclarecer la participación del ex ministro en los crímenes perpetrados por integrantes de las instituciones a su cargo, así como los abusos de poder cometidos durante los gobiernos de Fox y Calderón, que Medina Mora dejó impunes cuando era encargado de la seguridad, primero, y de la procuración de justicia, después. Cabe esperar que en esta tarea, la Fiscalía General de la República muestre una eficacia muy superior a la de su antecesora a fin de construir un expediente sólido, y que los jueces procesen con total imparcialidad los cargos que les presente la fiscalía; es decir, que ambas partes actúen con total apego a derecho para exonerar o castigar al ex funcionario.