Miles de taxistas de la Ciudad de México y otras 27 entidades fueron convocados ayer a una jornada de protestas contra Uber, Cabify, Didi y otras empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones para teléfonos móviles. En la capital del país realizaron bloqueos a importantes cruces viales en distintos puntos de la ciudad, así como un despliegue de vehículos para impedir el acceso a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez; estos cierres se fueron retirando de manera paulatina mientras representantes de los choferes dialogaban en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta.

Los reclamos de los taxistas y de sus líderes para exigir a las autoridades actuar contra lo que perciben como una competencia desleal por parte de compañías trasnacionales, son un fenómeno que se ha registrado prácticamente en todos los países donde éstas operan, pero en cada uno cobran distintas formas. En el caso nacional, la postura de los trabajadores del volante va desde la petición de un piso parejo –es decir, que las empresas tecnológicas cumplan con la serie de requisitos que deben cubrir los taxis tradicionales –cromática, licencia, tarjetón tipo B, seguro para unidades, tenencia, revista de taxímetro, y costo de la concesión–, hasta el extremo de que se imponga una prohibición total contra los servicios referidos.

Cierto es que las erogaciones derivadas de tales trámites significan cierta desventaja competitiva para los choferes y los propietarios de las unidades y flotillas y en este sentido resulta comprensible su molestia contra unas compañías que se hicieron de una importante cuota de mercado con inversiones mínimas. Sin embargo, desde la perspectiva de los usuarios, resulta igualmente claro que la imposición de todos esos requisitos han tenido un impacto muy reducido en lo que respecta a elevar la calidad del servicio de taxis: higiene, buen trato, respeto a las tarifas establecidas y, de manera acusada, garantías a la integridad física y patrimonial, son todas asignaturas pendientes que los taxistas deben solventar si quieren enfrentar a la competencia con perspectivas de éxito.

De otra manera, el establecimiento de controles gubernamentales adicionales a las plataformas de transporte por aplicación podría convertirse en una medida política para aliviar las presiones de los taxistas, pero sin ningún beneficio real para los usuarios, principales protagonistas cuando lo que se debate es una cuestión estratégica como la movilidad en las urbes del país. Por ello, está claro que cualquier medida adoptada por las autoridades competencia justa entre estos dos modelos de servicio de transporte, al mismo tiempo que impulsa una mejoría sustancial en la experiencia de los clientes de cualquiera de ellos.

Por último, no puede pasarse por alto que tanto Uber, como Cabify, Didi y el resto de compañías que responden a su modelo de negocio, como los propietarios de flotillas de taxis convencionales, se basan en la precarización brutal del empleo y en la negación de los más elementales derechos laborales, por lo que el aspecto más urgente de su regulación sea el que toca al ámbito de la protección de los trabajadores, a quienes ni unos ni otros suelen reconocer como tales.

El hecho de que los taxistas tradicionales compartan, en gran medida, la situación laboral de los choferes recién llegados, debería mover a ambas partes a cesar de verse como enemigos y caer en cuenta de que es mucho lo que podrían avanzar unidos.