La noche del martes pasado, al menos cuatro hombres armados ingresaron al centro nocturno El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz, dispararon contra los presentes, prendieron fuego al local y bloquearon las salidas. Hasta la tarde de ayer, la cifra de víctimas mortales ascendía a 27 (18 hombres y nueve mujeres), y además se reportaba que 11 de los heridos presentan quemaduras de gravedad, por lo que podrían producirse más decesos. De manera adicional, se sabe que el dueño del establecimiento, Agustín Javier Ronson González, fue secuestrado el sábado 24 y, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, habría sido decapitado.

El ataque y el previo homicidio del propietario suponen episodios especialmente brutales del fenómeno de extorsión y cobro de piso a giros mercantiles por grupos de la delincuencia organizada en la zona sur de la entidad. Desde finales de la década pasada, estos ilícitos se han convertido en una plaga para negocios de todo tipo y tamaño en amplias regiones del país, pero en los meses recientes cobraron un cariz alarmante en Coatzacoalcos, por el nivel de violencia con el que los criminales demandan el cumplimiento de sus exigencias: sólo entre mayo y agosto, seis negocios (tres de ellos centros nocturnos) fueron incendiados porque sus dueños se habrían negado a pagar o a permitir la venta de drogas dentro de los establecimientos.

El atentado del martes, que debería ser un llamado a la unidad de todas las autoridades e instancias de procuración de justicia, dio pie a un nuevo desencuentro entre el gobierno de Cuitláhuac García y la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Jorge Winckler Ortiz. Mientras el primero afirmó que uno de los presuntos autores materiales del ataque, Ricardo Romero Villegas, La Loca, había sido detenido por fuerzas coordinadas de la entidad y puesto a disposición de la FGE, y que ésta lo habría liberado en menos de 48 horas, la dependencia a cargo de Winckler emitió un comunicado en el cual afirma que Romero no le fue remitido a su personal, sino a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), especie que no fue desmentida por la instancia federal.

A reserva de lo que establezca el insoslayable esclarecimiento de estas versiones encontradas, es necesario recordar que al fiscal Winckler lo cuestiona no sólo el gobernante estatal, sino múltiples voces de la sociedad civil por su cercanía personal y dependencia política del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares, por su cerrazón e insensibilidad con la ciudadanía (de manera señalada, por su negligencia en el tratamiento de las desapariciones forzadas) y por su tendencia a enturbiar y distorsionar la información relacionada con la criminalidad en el estado.

Ante la degradación de la seguridad pública en Veracruz y la inoperancia de la fiscalía estatal, está claro que se requiere una intervención de la FGR que vaya más allá de la atracción del más reciente caso; es decir, que comprenda una investigación institucional de la propia FGE a fin de corroborar o descartar los abundantes señalamientos de connivencia o encubrimiento.

Asimismo, resulta evidente que la respuesta de la Federación debe contemplar acciones decididas de la recién conformada Guardia Nacional, pues es claro que Veracruz, junto con Guerrero y Tamaulipas, debieran ser sus máximas prioridades territoriales.