John M. Ackerman

Está fuera de cualquier duda el compromiso de la primera jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la primera procuradora general de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, con la causa feminista. Ambas vienen de largas trayectorias de lucha desde los movimientos sociales y han asumido con enorme responsabilidad sus nuevas tareas públicas.

Desde el primer día de su mandato, Sheinbaum cumplió con su promesa de campaña de transformar el Instituto de las Mujeres en una Secretaría de las Mujeres con el fin de dar la más alta prioridad a las políticas de género. El 13 de diciembre de 2018, la jefa de Gobierno nombró como responsable de esta cartera a la destacada activista de la sociedad civil Gabriela Rodríguez, quien ha denunciado el hecho intolerable de que en la Ciudad de México 43 por ciento de las mujeres viven en condiciones de pobreza; 30 por ciento no tienen ingresos propios; 19 por ciento no cuentan con servicio médico; 79 por ciento han enfrentado algún tipo de violencia, y nacen 52 bebés por cada mil menores de edad en la capital.

El 17 de abril de 2019 se instaló el primer Consejo de Gabinete para el Seguimiento de las Políticas de Igualdad, lo cual obliga a todas las secretarías a garantizar la perspectiva de género en absolutamente todas sus acciones. El gobierno local también ha establecido 27 centros, Lunas, para ofrecer atención jurídica y sicológica a mujeres víctimas de violencia durante las 24 horas al día. Existe una nueva red de información que registra en tiempo real todos los datos sobre violencia de género. Se han establecido Redes de Mujeres por la Igualdad y No Violencia en toda la ciudad, así como una Red de Hombres Jóvenes por la Paz para generar una nueva cultura de respeto y de igualdad. Todos estos esfuerzos se han implementado con la activa participación de la sociedad civil.

Respecto de la procuración de justicia, al llegar a su cargo Godoy estableció inmediatamente Módulos de Abogadas de las Mujeres en las 78 agencias del Ministerio Público para dar acompañamiento personalizado a las mujeres que quisieran denunciar cualquier abuso en su contra. La procuradora también ha transformado de manera radical cómo se investigan los feminicidios e implementado un programa de capacitación con perspectiva de género para todos los trabajadores de la procuraduría. La nueva administración también ha reactivado los Centros de Justicia para las Mujeres, aumentando 80 por ciento la cantidad de carpetas de investigación.

En respuesta a las movilizaciones más recientes, Sheinbaum ha anunciado que trabajará cercanamente con los colectivos que protestaron para consolidar las estrategias gubernamentales. No ha habido un solo acto de represión contra la ciudadanía ni se ha utilizado a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para acosar a activistas. Mientras, las autoridades ya detuvieron al presunto agresor del reportero Juan Manuel Jiménez y avanzan en sus investigaciones del caso de la denuncia de violación por policías de una menor de edad en Azcapotzalco.

Recordemos también que la Ciudad de México cuenta ya con uno de los marcos jurídicos más avanzados del mundo en derechos y libertades de las mujeres. La nueva Constitución de la Ciudad de México defiende con particular claridad estos principios y contamos también con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la ciudad y una Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. La capital también ha estado a la vanguardia internacional con respecto al derecho a la interrupción legal del embarazo y el derecho al matrimonio igualitario.

Se justifica plenamente el enorme coraje e indignación por la violencia contra las mujeres, pero también es importante saber distinguir bien entre los aliados y los adversarios de la causa. Por ejemplo, llama la atención cómo algunos activistas y políticos, hombres y mujeres, han intentado utilizar esta digna causa para fines políticos. Han querido montarse a la ola de legítima protesta para atacar injustamente al gobierno más feminista que tenemos hoy en la República.

De manera hipócrita, muchas de las mismas voces que mantuvieron un silencio cómplice con los gobiernos de PAN, PRI y PRD, y condenaron el supuesto vandalismo de los maestros de la CNTE o los estudiantes de Ayotzinapa, ahora celebran con particular emoción la violencia ejercida contra símbolos del gobierno local. Y no es gratuito que el símbolo de la diamantina rosa haya sido retomado por algunos de los representantes de la derecha más retrógrada y machista del país ávidos de utilizar cualquier causa para avanzar en su golpe blando contra la Cuarta Transformación. Este símbolo originalmente se usó como protesta contra el abuso policial pero ahora encarna el peligroso principio de todos son iguales.