En el contexto de la consternación mundial por la proliferación de incendios en la Amazonia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, urgió a proteger esa selva tropical, la mayor del mundo y considerada el pulmón del planeta, porque su flora aporta cerca de 20 por ciento del oxígeno a la atmósfera global. Según el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, en el curso del presente año los incendios en la parte amazónica de ese país aumentaron 83 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018, con 72 mil 843, 9 mil 500 de ellos iniciados la semana pasada, según un conteo obtenido de datos satelitales.

Ciertamente, la Amazonia no se localiza exclusivamente en Brasil, pues se extiende también por los territorios de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, y en varios de ellos han tenido lugar incendios de diversa magnitud, pero todas las voces internacionales y brasileñas autorizadas coinciden en que la responsabilidad central por la catastrófica circunstancia actual corresponde al gobierno de Brasil, que encabeza el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ha impulsado técnicas agrícolas depredadoras que favorecen a los hacendados y que implican la deforestación acelerada, la cual se cuadruplicó en julio pasado con respecto al mismo mes del año anterior. Adicionalmente, Bolsonaro propugna la destrucción de las reservas indígenas para entregar sus tierras a empresas agropecuarias y mineras.

En efecto, organizaciones como Greenpeace, World Widlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) y Amnistía Internacional han denunciado que los incendios han sido originados de manera intencional con el propósito de ganar extensiones a la selva para dedicarlas a actividades productivas.

Bolsonaro, por su parte, niega que sus políticas tengan algo que ver con la catástrofe ambiental en curso y ha llegado al cinismo de responsabilizar a las organizaciones conservacionistas de ser las causantes de los incendios.

Aunque las consecuencias de la irresponsabilidad del gobernante empiezan a notarse –la Unión Europea, por ejemplo, está dudando si ratifica el tratado de libre comercio con Brasil–, las necesarias acciones internacionales son, hasta ahora, claramente insuficientes. Sin desconocer la soberanía de la nación sudamericana, es claro que el desastre afecta al planeta entero y que éste no puede ser tratado con el desdén y la insolencia características de las reacciones del político ultraderechista. Resulta necesario, por ello, que la comunidad internacional, y especialmente los gobiernos, ejerza una presión mayor sobre las autoridades del Palacio de Planalto con la finalidad de que éstas accedan a elaborar y a poner en práctica acciones urgentes y demanden, de ser necesario, la asistencia extranjera requerida para frenar los fuegos que devoran grandes extensiones de la Amazonia.

Para finalizar, la trágica situación en que se encuentra la mayor reserva de biodiversidad del planeta es claro indicio de que la regresión al neoliberalismo salvaje –inducida en Brasil tras el golpe de Estado parlamentario de agosto de 2016 en contra de Dilma Rousseff, y acentuada con el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro– desemboca, a corto plazo, en la barbarie y en un holocausto ambiental.