Este fin de semana se desató una pequeña tormenta en las llamadas redes sociales, que llegó a varios periódicos de circulación nacional y al Comité Ejecutivo Nacional de un importante partido político. Lo que se discutió muy acremente fue si el plantón de Reforma contra el fraude electoral de 2006, era o no, un acontecimiento histórico que valiera la pena rememorar; sobre el que hubiera o no que reflexionar. En la tormenta mediática y de redes, se llegó a hablar de demandas penales, por hacer de una acción ideológica radical, un hecho histórico.

Por supuesto, podríamos discutir qué es un hecho histórico y si el plantón de Reforma es o no un hecho histórico, pero eso no es tan importante. Lo que reflejó el no-debate en redes sociales fue la herida abierta ese año en la sociedad mexicana. Y la herida no la abrió el plantón de Reforma, sino el proceso electoral de ese año: para unos, un fraude electoral con todas las agravantes; para otros, un ejercicio democrático, legítimo, ejemplar. En medio, multitud de matices.

La virulencia del debate mostró, justamente, que las elecciones y el plantón tienen las características propias de los grandes acontecimientos históricos: la de suscitar virulentas polémicas (hay quien dice que Juárez es el mayor estadista de nuestra historia y quienes afirman que es el mayor traidor que ha parido México; hay quienes ven en Pancho Villa el símbolo de la reivindicación y la justicia populares, y hay para quienes es un criminal esquizofrénico sin atenuantes); la de hablarnos de nuestro presente. Por tanto, resulta en verdad pertinente preguntarnos como historiadores: ¿en 2006 se perpetró un fraude electoral?

Si nos guiamos por la resolución jurídica del momento, no lo hubo. Pero esa es justamente la característica de muchos fraudes electorales: los ejecutan, o son cómplices de ellos, las instituciones del Estado. Así ocurrió en 1910, 1929, 1940, 1952 y 1988. Y aunque no en todas las ocasiones parece haberse revertido el resultado final (al menos de las elecciones presidenciales), eso no le quita a ninguna su carácter fraudulento, en el que participaron diversos organismos del Estado, incluidos los órganos calificadores. En 1910, por ejemplo, los antirreleccionistas presentaron un muy bien fundado alegato jurídico, que muestra que las causales previstas por las leyes para declarar la nulidad de una elección estaban perfectamente comprobadas por la documentación presentada, y eran plenamente suficientes. También se cita con acierto la jurisprudencia que obligaba a la Cámara a conocer estos hechos y resolver sobre la petición de nulidad. Y a ese alegato, la autoridad competente respondió con siete palabras: no ha lugar a lo que objetan (https://www.jornada.com.mx/2013/ 05/07/opinion/019a1pol).

¿Esa resolución nos obligará a negar el fraude de 1910, como quieren ahora los panistas negar el de 2006 en virtud del fallo del Tribunal Electoral? No: la historia funciona contrastando y criticando las fuentes, no tomando y atendiendo únicamente las fuentes oficiales. De lo contrario, tendríamos que considerar, porque así lo dictaron en su momento las autoridades, que Ricardo Flores Magón, Demetrio Vallejo o los estudiantes de 1968 fueron criminales.

¿Hubo fraude electoral en 2006? Usemos la definición de fraude de Pedro Planes remitiendo a Guy Goodwin-Gill, Publicado por la Unión Interparlamentaria (2007):

“Conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano.

“El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral (falta de equidad y de competitividad) y la transparencia de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio y, por ende, la directa manifestación de la voluntad popular en las ánforas” (www.iidh.ed.cr/multic/ WebServices/Files.ashx?fileID=2619).

De acuerdo con esa definición, en México se atentó contra la libertad y la equidad electorales antes, durante y después de las elecciones de 2006. Antes, como ha señalado con claridad Armando Bartra:

“La debutante democracia paradójicamente mexicana no se jodió durante la campaña ni en las elecciones y el recuento de votos (de 2006). A la democracia mexicana la jodieron a finales de 2003, cuando el presidente Fox… tomó la decisión de impedir a toda costa que el candidato natural de la izquierda llegara a la Presidencia.”

Citamos a Bartra en un artículo donde, con base en los colaboradores de Vicente Fox y al testimonio de Luis Carlos Ugalde, mostramos cómo se rompió la equidad en 2003 y 2004 (https://www.jornada.com.mx/2017/ 07/11/opinion/014a2pol). El propio Tribunal Electoral admitió injerencias indebidas antes de las elecciones, pero eso lo veremos en el próximo artículo: ¿durante y después?