En su más reciente informe, la Comisión Global de Política de Drogas, grupo independiente formado por varios ex mandatarios como Ernesto Zedillo y algunos premios Nobel, sostiene que el sesgo de la clasificación histórica de las sustancias sicoactivas ha contribuido a la actual problemática mundial de las drogas y urge a transitar de un esquema prohibicionista, centrado en la penalización, hacia un enfoque de salud pública. Por otra parte, en el foro Del prohibicionismo a la reducción de daños en el uso social de drogas que se realizó ayer en la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, se señaló que el consumo de estupefacientes comienza a edades cada vez más tempranas, se ha incrementado el consumo entre adolescentes y mujeres y se ha fracasado en la atención a las poblaciones altamente vulnerables en reducir la oferta de drogas y en impedir el envío al mercado ilegal de medicamentos controlados.

Este panorama exhibe el fracaso del modelo punitivo, cuyos efectos alcanzaron dimensiones trágicas a partir de la guerra contra las drogas impulsada por Felipe Calderón. La inoperancia de tal esquema es reconocida también en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad del actual gobierno; en ese documento se afirma que la prohibición de ciertos estupefacientes es insostenible por arbitraria y discrecional, por ineficaz desde la perspectiva de la salud pública y porque acaba multiplicando las oportunidades de negocio para el crimen organizado.

En consonancia con esa estrategia, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que no se descartan las propuestas para liberar o permitir el uso de ciertas drogas, aunque expresó que ese análisis se dará en una etapa posterior, tras un avance significativo en el ámbito de la seguridad pública.

Por lo dicho arriba, queda claro que la reformulación del combate a las drogas es urgente, incluso en la perspectiva de revertir la crisis de violencia. El cambio de paradigma es de obvia necesidad no sólo por el deber de respetar los derechos humanos de las personas consumidoras y adictas, sino porque es necesaria para reducir los niveles delictivos y desarticular el negocio del narcotráfico, pues está demostrado que el enfoque punitivo se ensaña con los consumidores y facilita su incorporación a la criminalidad.

Además de los consumidores, el prohibicionismo tiene entre sus víctimas a cientos de miles de campesinos, criminalizados porque su única opción de subsistencia está en la siembra de mariguana y amapola; a incontables personas atrapadas en el sistema penitenciario tras haber cometido un solo delito, y a menores de edad que realizan tareas secundarias para el crimen organizado, todos ellos elementos de la sociedad que deben ser rescatados mediante una vigorosa labor de reinserción.

Por otra parte, la superación del modelo prohibicionista abre dos perspectivas posibles: la mercantilista y la social. La primera, ejemplificada por afanes despenalizadores como los que ha expresado Vicente Fox, propone convertir a los estupefacientes en motor del lucro privado a expensas de la salud pública y constituye una alternativa a todas luces indeseable. En cambio, el camino que transita por la responsabilidad social permitiría que la distribución de las sustancias hoy prohibidas se acompañara de las necesarias medidas de prevención, atención y rehabilitación a partir de un verdadero énfasis en el bienestar individual y colectivo.

Es necesario, pues, iniciar el análisis ciudadano y legislativo con la finalidad de transitar hacia un enfoque integral centrado en la sa-lud, sin ignorar las implicaciones internacionales del fenómeno del narcotráfico. Por el papel central de nuestra nación en esta problemática, abrir el debate en México signifi-ca inevitablemente abrirlo en el mundo, y particularmente, en Estados Unidos. Es tiempo de dar el primer paso.