Diana Milena Murcia*

En 2012 la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed, aclaró el contenido del derecho a la ciencia o derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones a partir de cuatro elementos: a) el acceso de todos, sin discriminación, a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, incluido el conocimiento científico, b) oportunidades para todos de contribuir a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación científica, c) la parti-cipación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones y el derecho conexo a la información y d) el fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo afirmó que este derecho opera como requisito de la realización de otros múltiples derechos humanos.

Siendo tan importante este derecho en la vida de cualquier Estado, es fundamental verificar si se corresponde con las políticas públicas emprendidas por el gobierno federal y para ello resulta crucial una revisión del Plan Nacional de Desarrollo.

En el documento presentado por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados se establece expresamente que el gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas.

Luego, en los ejes generales de bienestar y desarrollo económico se desarrolla dicho apartado y encontramos objetivos y estrategias conducentes a ese propósito, relacionados con la revisión de la educación científica y tecnológica, la pro-moción de las competencias técnicas en el área de la salud, el enfoque territorial en la planeación y gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos, el impulso a la investigación y la cultura ambiental para la sostenibilidad, el fomento de la corresponsabilidad para el desarrollo sostenible, la promoción y garantía del uso eficiente del agua y la salud de ecosistemas y cuencas, la integración de la academia a las acciones del ordenamiento territorial y ecológico, la planeación intercultural, el enfoque de sostenibilidad ambiental, el impulso al desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos y la formación de capacidades para aprovecharlas y el fortalecimiento del capital científico de alto nivel en el sector energético, entre otros tópicos.

En estas tareas y otras aquí no mencionadas, se denota el impulso a la investigación y a la participación social en los temas de salud, alimentación, saneamiento, medio ambiente y educación, lo cual permite observar un panorama que satisface el componente de fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología. Los demás elementos son cubiertos con los ejes rectores del nuevo Conacyt, veamos.

En primer lugar, el eje de Ciencia de Frontera y el relativo a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) suponen el desarrollo de un Sistema Nacional de Innovación para contribuir a la atención y solución de problemas nacionales prioritarios en materia social, económica y ambiental, encarando el reto de facilitar el acceso a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones. En palabras de Shaheed: Un principio básico es que las innovaciones esenciales para una vida digna deben ser accesibles para to-dos, en particular para las poblaciones marginadas, asimismo, tal principio supone el deber de facilitar las investigaciones de instituciones del sector público y del sector privado dirigidas a esas poblaciones.

En segundo lugar, el eje de Apoyo a la comunidad científica al vincular ésta con los sectores público, social y privado, junto con el de Transferencia de tecnología y vinculación, constituyen una oportunidad real, para todos, de contribuir propiamente a la actividad científica, orientada a las necesidades sociales y económicas del país. De nuevo, citando a Shaheed, corresponde asegurar que se hagan investigaciones científicas sobre asuntos importantes, incluidos los que son importantes para los más vulnerables.

Finalmente, tanto los Pronaces como el eje de Apropiación social de la ciencia aportan el elemento de participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones en materia de ciencia y tecnología, que concurre con el deber de eliminar, según Shaheed, los obstáculos a la investigación científica y la restricción de las oportunidades de ciertos sectores de la sociedad de entrar en las profesiones científicas.

Así pues, a pesar de la alarma alrededor de las supuestas omisiones del Plan Nacional de Desarrollo en materia de ciencia y tecnología, lo cierto es que la formulación del instrumento de política pública concuerda milimétricamente con lo que los estándares del derecho internacional de los derechos humanos reclaman de los Estados.