Jorge Carrillo Olea

Explotó la tormenta noticiosa de fin de año sobre la magnitud de los robos a los ductos de combustible. Como una reacción en cadena, provocó un escándalo el destaparse que atrás de ello está una realidad más sorprendente aún: lo que se roba desde el interior de refinerías y terminales de almacenamiento y reparto de la manera más tranquila. Pronto todos supimos que se llenan pipas y salen sin ningún control. Este que coloquialmente se llamaría robo hormiga es en realidad robo elefante.

Existe por lo menos hace 25 años. Lo supo la Secretaría de Energía, como presidencia del consejo de administración. Los directivos de la empresa lo supieron y simplemente lo asumieron como asunto lamentable pero propio de la naturaleza de la empresa. Hoy son consultores exitosos sobre inversiones en ese campo. No todos los directivos han sido triviales pero la marea de la costumbre, de la normalidad viciosa los arrastró. A veces argüían a no poder tocar al sindicato o al pulpo gasolinero

El cierre de válvulas y el despliegue militar controlando centros de producción y almacenamiento ha abatido los hurtos de manera notable. Sin embargo, la medida, como todo lo emergente, ha producido coletazos como el desabasto. La decisión no es sostenible a plazo medio y menos largo por falta de una estructura de sostenimiento. Así pasa y así pasará si se mantuvieran controladas las válvulas y con el despliegue militar en reforzamiento o sustitución de autoridades en zonas críticas. Como en el caso del comercio de drogas o de bienes de contrabando, no es persiguiendo al último escalón del crimen como se terminará con él.

Una medida que puede resultar en mayor eficacia que ha sido desatendida en el pasado se derivaría de conocer y atacar los flujos de capital en sus altos beneficiarios, no a campesinos y lugareños, sino someter a funcionarios de la empresa y a grandes empresarios que desde hace décadas lucran fabulosamente.

El dinero beneficia desde funcionarios de la empresa y mayoristas e intermediarios, hasta a minoristas en veredas y vecindarios. Fluye en magnitudes distintas, desde las grandes transacciones de combustibles y pagos interbancarios hasta la compra de medio mayoreo o menudista y pago en mano y en efectivo. ¡Todo un mercado!

Son varias las autoridades que en el pasado no se han querido enterar de este hecho relevante: Pemex, la empresa despojada; la PGR, investigadora del delito; Sener como cabeza de sector, la SHCP, controladora de los flujos financieros, víctima del quebranto presupuestal y del delito fiscal y los gobiernos locales que por perpetrarse los ilícitos en su territorio, son corresponsables por más que aleguen que los delitos son federales. Pareciera que todos obedecen al pícaro mandato de No hagan olas.

Como a todo acto delictivo, a éste debe perseguírsele con base en información. Si se le buscara, ésta está disponible dentro de Pemex, no sólo en oficinas centrales sino en autoridades a cargo de refinerías y estaciones de almacenamiento. La PGR tiene integradas miles de carpetas de investigación que duermen el más complaciente de los sueños, ninguna ha conducido a responsabilizar a grandes delincuentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a evasiones fiscales de gasolineros cómplices y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ambas de la SHCP, creada hace 14 años para detectar movimientos clandestinos de dinero de nada se enteran en este caso.

Si se revisa el decreto de su creación, promovida por el Banco Mundial, se verá que su mandato transige ante obligaciones internacionales y poco o nada se ocupa del ámbito nacional. De las autoridades locales no hay nada que agregar al conocimiento general: ni quieren, ni saben, ni pueden actuar, véase el ya añoso caso Puebla. Ellos mismos se caracterizan así.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil tiene la función de prevenir el delito y auxiliar en su persecución. No la puede cumplir sin asfixiarse si Pemex, PGR, Sener y SHCP y autoridades locales no cumplen su tarea. No lo hacen. El auxilio de tropas de Sedena y Semar está resultando una vez más invaluable pero es insostenible en el tiempo.

Lo que no se les puede ordenar es asumir las tareas de sustitución de instituciones responsables en primera instancia de impedir y castigar el robo y trasiego de combustibles y su transformación en dinero que luego se convertirá en fortunas particulares y en envíos al extranjero.

Si todo esto fuera atendible, llevaría pensar que el cierre de válvulas y el control de instalaciones, vía su ocupación por tropas, son meritorios actos de arrojo pero sólo pueden ser efectivos en el muy corto plazo. No es sostenible, no es la solución. Hay que actuar de arriba para abajo como ha sentenciado el Presidente.