1. Aída Hernández Castillo*

En los recientes recorridos del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chihuahua, la sociedad civil organizada tomó las calles para protestar contra de la iniciativa presidencial de crear una Guardia Nacional integrada mayoritariamente por militares que cumpla funciones de seguridad pública. Según la iniciativa de ley propuesta por Morena ante el Congreso Los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional. Esta propuesta contradice una de las principales promesas de campaña del actual presidente que se comprometió a sacar al ejército de las calles, reconociendo que no estaba preparado para esas funciones.

Las memorias de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en el contexto del llamado Operativo Conjunto Chihuahua cuando 2 mil 500 efectivos federales (2 mil 26 militares y 425 policías federales), tomaron en sus manos la seguridad pública de ese estado, estableciendo retenes militares, allanando casas y deteniendo ilegalmente a personas, han influido en la formación de colectivos contra la militarización que rechazan la creación de la Guardia Nacional. Tan sólo cuatro días antes de que el nuevo presidente elogiara el desempeño de las instituciones castrenses en su discurso de toma de posesión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) daba a conocer una sentencia paradigmática en contra del Ejército Mexicano, la primera emitida por desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra contra el narco.

El 28 de noviembre pasado la CoIDH declaraba al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos-desaparecidos por efectivos del Ejército Mexicano el 29 de diciembre de 2009 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua. La sentencia de 118 páginas documenta el contexto de militarización, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos que posibilitaron la desaparición forzada de los primos Alvarado. En el análisis del contexto cita los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó 10 mil 930 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2007 y 2017. No es la primera vez que esta Corte documenta la sistematicidad de la violencia militar contra la población civil, el Estado mexicano ya había sido declarado culpable de usar violencia institucional castrense en los casos de la violación sexual de dos mujeres me'phaa, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de efectivos del Ejército, en una sentencia emitida en octubre de 2011.

La sentencia del caso Alvarado cuestiona los efectos negativos que ha tenido la participación de militares en funciones de seguridad pública, haciendo eco a las recomendaciones de informes presentados por el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Un argumento importante de la sentencia, es que su análisis no focaliza las responsabilidades en algunos efectivos indisciplinados como insinuó el discurso presidencial, sino en una estrategia de seguridad que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. Retomando las recomendaciones planteadas por los informes de la ONU, la sentencia señala la necesidad de desmilitarizar las estrategias de combate contra el crimen organizado y adecuar el marco constitucional interno para permitir un abordaje estatal de la defensa de la seguridad ciudadana conforme a estándares internacionales.

Muchos de quienes votamos por Andrés Manuel López Obrador pusimos nuestras esperanzas en que su estrategia de construcción de una paz digna con justicia, incluiría la desmilitarización. Voces como las de Nestora Salgado García, representante por Morena en el Senado de la República, hacen eco a esta demanda. Ella ha vivido en carne propia las arbitrariedades cometidas por el Ejército y sabe que la respuesta para la construcción de la paz no puede estar en las manos de una institución que tiene una historia negra de violaciones a los derechos humanos. Los militares han sido formados para vencer al enemigo y ganar guerras, no para proporcionar seguridad ciudadana, y esta cultura militar no puede ser revertida con un curso de capacitación. Esperemos que el nuevo Presidente escuche a las voces más lúcidas dentro del Senado y recuerde las promesas de campaña que incluían el sacar al Ejército de las calles.