Jorge Eduardo Navarrete

La primera plana del New York Times virtual del domingo citó esta declaración del futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard: Lo que existe es una conversación sobre qué hacer con 9 mil personas que van a permanecer en Tijuana por un año. Lo que intentamos imaginar es cómo vamos a organizar esto, pero aún no tenemos una respuesta. Desmentía la versión de que el futuro gobierno mexicano habría aceptado actuar como tercer Estado seguro o, con menor formalismo, zona de retención (holding area), y así permitir la permanencia de los solicitantes de refugio en Estados Unidos –por el momento, alrededor de 10 mil centroamericanos llegados o con rumbo hacia esa localidad fronteriza– en tanto las autoridades estadunidenses tramitan sus solicitudes. Por su parte, Kimberly Breir, subsecretaria de Estado declaró que su país sigue colaborando de cerca con el presente y el futuro gobiernos de México en todos los temas de la relación bilateral, comprendida la inmigración ilegal. El brote de violencia provocado desde el norte de la frontera el mismo domingo 25, en las inmediaciones de la garita San Ysidro, resaltó la enorme peligrosidad de la situación que se vive en Tijuana –y que podría presentarse en otras zonas de la extensa frontera– en estos días de transición gubernamental en México y en esta época de un gobierno estadunidense que desprecia la práctica en materia de refugio y el derecho internacional humanitario.

Es imperioso evitar que se desborde la explosiva situación actual de la frontera norte, pero la respuesta debe dejar de ser esencialmente reactiva. Desde las primeras acciones, conviene adoptar un enfoque multilateral, sin perder de vista el objetivo de que se brinde refugio a aquellos que deban recibirlo para salir de la situación insostenible que abandonan. (Jorge Durán analizó la conformación de los grupos que, en busca de refugio, han confluido en territorio mexicano: Caravana de contrastes, La Jornada, 25/11/18.)

Por semanas o meses, ante la cerrazón estadunidense, los millares de solcitantes de asilo esperarán en Tijuana y es indispensable –sin aceptar en ningún momento la calidad de tercer Estado seguro– ofrecerles buenas condiciones en albergues adecuados, con alimentación y cuidados de salud, sobre todo a los menores y otros vulnerables. Con el auspicio de algún organismo regional o hemisférico, podrían movilizarse aportes voluntarios, públicos y privados, para contribuir a financiar esta y otras demandas de ayuda humanitaria a refugiados en el continente.

Al mismo tiempo, debe empezar a construirse sin demora un acercamiento multilateral al tema. Convendría realizar, en primera instancia, consultas entre los países mayormente concernidos –los de origen, el de refugio y el de tránsito– con la asistencia y orientación de la Acnur, la entidad de Naciones Unidas en materia de refugio. Se trataría de encontrar, dentro del vasto arsenal de acciones de cooperación previstas en el proyecto final de Pacto Mundial sobre los Refugiados (que una amplia mayoría de la Asamblea General aprobará en el actual periodo de sesiones), las que resulte adecuado aplicar a una crisis internacional de refugio que –aunque involucra a un número comparativamente pequeño de solicitantes, vis-à-vis las de Medio Oriente y África– reclama atención urgente. Más allá del número, como señala el preámbulo del pacto, ningún refugiado debe ser dejado atrás.

El pacto enumera diversos criterios e instrumentos que pueden informar y a los que se puede acudir para alcanzar una distribución razonable de aportes y tareas entre los países concernidos, habida cuenta de sus capacidades y necesidades. Vistos en conjunto, los acuerdos a los que pueda llegarse irían más allá de los procedimientos existentes, alterando la forma en que la comunidad internacional responde a las situaciones críticas de demanda de refugio, para asegurar una mejor distribución de los costos y responsabilidades resultantes de la presencia de números significativos de refugiados.

El pacto también prevé el establecimiento, en el curso de algunos años, de plataformas de apoyo para movilizar asistencia financiera, material y técnica, así como abrir facilidades de reasentamiento y opciones complementarias para la admisión en terceros países, en colaboración con la Acnur.

En la situación que nos ocupa, este tipo de acciones de política cubrirían el espacio temporal que requieren los programas de desarrollo regional, de mayor ambición y alcance, para madurar y actuar –con oferta de empleos remuneradores y alternativas de avance social– como anclas que eviten la migración forzada desde regiones de menor desarrollo, mayor desempleo y pobreza más extendida. Programas tales como los que el próximo gobierno de México ha empezado a examinar con los países del Triángulo del Norte, con la asistencia de la Cepal. Ante la cerrazón unilateral, buscar la apertura multilateral.